Aaron Swartz: el joven que murió tratando de liberar el conocimiento académico del mundo - Tributo desde Venezuela
¿Cuál era el abominable crimen cometido por Swartz? ¿Homicidio? No. En Estados Unidos, una persona podría recibir apenas 10 años de cárcel si tiene un buen abogado. Seis años si es homicidio involuntario. ¿Robo de bancos? Veinte años. ¿Contaminar a otros con HIV intencionalmente? 10 años. ¿Vender esclavos? 20 años. ¿Amenazar al Presidente? Cinco años. ¿Ayudar a Al Qaeda a hacer una bomba atómica? 20 años. [1]
Swartz desarrolló un script (programa informático) que le permitió descargar 4,6 millones de documentos académicos y científicos, reseñas y publicaciones del sitio web Journal Storage (JSTOR), un sistema de archivo en línea de publicaciones académicas y universitarias al que se accede por suscripción. A Swartz no sólo se le acusa por descargar los contenidos, sino que temían que él intentara compartirlos en Internet de forma gratuita.
Sí: para el Imperialismo, una persona que descargara 4,6 millones de documentos científicos de las bases de datos de las universidades y planeara compartirlas en Internet, es más peligroso que un asesino o un ladrón de bancos. Hay que destacar, por cierto, que muchos de estos documentos estaban ya en el dominio público por tener más de 60 años de fallecido su autor; algunos datan del siglo XVIII.
Swartz es un desconocido para la revolución bolivariana. Pero era un luchador que buscaba que todo ese conocimiento que hacen académicos e investigadores, que queda represado en los muros de las grandes universidades o quedan restringidos en “papers” de revistas de investigación académica, pueda estar disponible para que millones de científicos y emprendedores de todo el mundo puedan poner la ciencia y la tecnología al servicio de los pueblos y no de las grandes transnacionales.
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| El muy joven Swartz con Lawrence Lessig |
Swartz también fue autor del Manifiesto para la Guerrilla del Acceso Abierto, un documento que publicó en 2008, que muestra cuáles eran sus ideales:
¿Obligar a que académicos paguen dinero para leer el trabajo de sus colegas? ¿Digitalizar bibliotecas enteras pero solo permitir que la gente en Google las pueda leer? ¿Proveer artículos científicos a aquellos en las élites universitarias del primer mundo, pero no a niños en el sur del planeta? Es indignante e inaceptable. "Estoy de acuerdo", muchos dicen, "pero ¿qué podemos hacer?" (…)
Necesitamos tomar la información, donde quiera que esté almacenada, hacer copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos tomar cosas que ya no tienen derechos de autor y agregarlas al archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y publicarlas en la web. Necesitamos descargar publicaciones científicas y subirlas a redes de intercambio de archivos. Necesitamos combatir en la Guerrilla del Acceso Abierto.
Con suficientes de nosotros, alrededor del mundo, no solo enviaremos un mensaje firme en contra de la privatización del conocimiento. Haremos que sea una cosa del pasado. (Fin de la cita)El fiscal encargado del caso indicó que tenían que ser ejemplarizantes con él, para disuadir a cualquier otra persona de intentar hacer lo mismo. De allí que se le acusó de trece cargos y, si era hallado culpable, hubiera podido ser condenado a 50 años de prisión y hasta 4 millones de dólares en multas.
Demasiado arriesgó Swartz, quien en ese momento estaba becado en Harvard y, de haber seguido el estilo de vida de cualquier otro joven privilegiado de su edad, hoy sería un brillante ejecutivo que ganaría cientos de miles de dólares al año en una gran corporación capitalista. Pero escogió otro camino y el sistema político, económico y judicial estadounidense quería destruir su vida por unas “peligrosas descargas” de las cuales él ni siquiera se estaba beneficiando económicamente.
En julio de 2011 el Servicio Secreto estadounidense y el FBI lo arrestaron. Tuvo que pagar 100 mil dólares en fianzas y, en 2013, iba a comenzar el juicio. Pero a pesar de eso, Swartz se involucró fuertemente en la política: fue un activo luchador contra las leyes que querían limitar Internet en Estados Unidos, como la Ley SOPA y la Ley PIPA, y su lucha tuvo un papel decisivo para que no se aprobaran. Frecuentemente fue entrevistado en el canal Russia Today (RT) donde daba sus visiones sobre el mundo y por qué estas leyes, de haberse aprobado, hubieran destruido el sueño de una Internet libre y para todos.
Swartz fue hallado muerto en su apartamento en Brooklyn el 11 de enero de 2013. Murió 7 semanas antes que otro luchador por el conocimiento libre: el gran Hugo Chávez. Se dice que Swartz se suicidó por las presiones del juicio... pero si ustedes ven el documental sobre su vida, "The Internet's Own Boy" (está en YouTube), tal vez concluyan que eso no es muy probable.
Swartz y Venezuela
Para algunos, este es “un problema de nerds gringos”: un asunto de poca importancia para los habitantes de un país que tiene problemas mucho más graves: rentismo, poca producción local, necesidad de importar productos masivamente en medio de una aguda caída de los precios del petróleo, nuestro principal producto de exportación. Además, sufrimos de contrabando, bachaqueo, escasez, colas, guarimbas, desestabilización, delincuencia e intentos de golpe de Estado. ¿A quién carrizo le importa lo que pase con unos nerds en Estados Unidos? ¿No tienen problemas más importantes de qué preocuparse?
Sin embargo, las personas que quieren producir, que quieren iniciar nuevos emprendimientos para reducir la dependencia de Venezuela a importaciones extranjeras, con frecuencia necesitan maquinarias y conocimientos. Y estos conocimientos frecuentemente están fuera de nuestro alcance.
En Venezuela tenemos decenas de universidades e institutos de investigación pagados por el Estado, como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad de Los Andes (ULA) y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), que deberían estar generando el conocimiento para poder producir todos los alimentos, medicinas y productos de primera necesidad que requieren los venezolanos. El presupuesto de la UCV y del IVIC superan el de numerosas alcaldías y algunos estados venezolanos.
¿Qué ocurre con el conocimiento que ellos generan? Parte de la respuesta está en un completísimo documento hecho por el “Equipo de trabajo para la transformación científica nacional” y publicado en diciembre en Aporrea [2], que explica algunas cosas que ocurren dentro del IVIC y de las universidades públicas. Leemos allí:
La manera tradicional de medir la producción científica es a través de la publicación de documentos científicos, es decir, el paper. El éxito de un investigador se mide por el número de citaciones que tienen sus publicaciones, o por el número de publicaciones en revistas de alto impacto internacional, que gozan del reconocimiento y prestigio de la comunidad científica.Efectivamente, los miles de millones de bolívares que el Estado venezolano invierte en universidades y centros de investigación para que generen conocimiento, muchas veces causa que ese conocimiento termine siendo propiedad de prestigiosas revistas científicas extranjeras, y no llega a las manos del pueblo venezolano, que es el que pagó esas investigaciones. JSTOR, el sitio de donde Aaron Swartz descargó 4,6 millones de papers, es una base de datos que agrupa a muchísimas de esas “journals”, así como papers de diferentes universidades del mundo.
Así, en el IVIC uno de los principales métodos de evaluación a los investigadores es la publicación de papers en revistas de reconocido prestigio internacional, las horas de clase, la socialización del conocimiento en universidades y liceos, incluso la publicación de libros, poco peso o relevancia tienen al momento de evaluar al personal científico. A esto debemos añadir que tal método de evaluación no está reflejado ni en la actual Ley del IVIC, ni en su reglamento, ni en ningún documento público.
Sepa usted estimado lector, que una vez el documento científico se publica en una revista científica “de alto impacto y prestigio internacional”, pasa a ser propiedad de la revista, casi siempre es así. Entonces, si un estudiante universitario, cualquier persona de a pie o incluso el Presidente de la República desea acceder a algún producto científico del IVIC, tiene tres vías posibles de hacerlo, 1) pagar la subscripción a la revista internacional, 2) pagar el artículo directamente (todo en dólares y los montos varían dependiendo de la revista), y 3) escribir directamente al autor de la publicación vía internet, y pedir el favor de que le envíe el documento -previa justificación, por supuesto-.
Entonces la contradicción surge porque el ejecutivo nacional está invirtiendo cuantiosas sumas de dinero para impulsar la investigación en el IVIC, pero la forma como esta se mide es a través de las publicaciones científicas “en revistas de alto impacto y prestigio internacional” -que además están en inglés-. Publicar en revistas nacionales o de América Latina es un acto menor, que no goza de prestigio ni de reconocimiento. Ahora bien, la contradicción surge porque esta considerable inversión del ejecutivo es para desarrollar la investigación, teniendo como eje fundamental la resolución de problemas concretos y la socialización y democratización del conocimiento, mientras que los investigadores del IVIC utilizan el recurso público para producir conocimiento que termina, en buena medida, privatizado en manos de revistas internacionales, y a cambio, el investigador que publica en este tipo de revistas goza del reconocimiento de sus pares, y a mayor número de citaciones mayor capital científico y prestigio, aunque los estudiantes del país o la gente común interesada en una determinada materia ni se entere de que tal publicación existió, ¿No le parece a Usted, contradictoria esta situación? (Fin de la cita)
Un científico o un profesor universitario que haya realizado una investigación para una universidad pública o un instituto de investigación como el IVIC, y desea publicarla como paper en una prestigiosa revista científica extranjera -lo que le dará más prestigio y puntos para su ascenso- debe ceder los derechos de autor a dicha revista, aún cuando fue el Estado venezolano el que le patrocinó su investigación.
Ni JSTOR ni la gran mayoría de esas revistas científicas o “journals” suministran acceso gratuito a los documentos que ellas poseen. Hay que pagar una suscripción electrónica, o bien pagar por documento individual una buena cantidad de dólares (entre $15 y $60 dependiendo del sitio web). Lo que significa tener tarjeta de crédito y, en el caso venezolano, tener cupo electrónico en Cadivi/Cencoex, y ligar que los 300 dólares anuales sean suficientes [ver nota 1].
Aaron Swartz, desde los Estados Unidos, estaba muy consciente de esto. En una conferencia impartida a jóvenes del MIT, señaló que “por ser ustedes estudiantes de una gran universidad norteamericana, asumo que tienen acceso a una gran variedad de documentos académicos. Prácticamente cada universidad de EEUU paga estas tasas de licencias a organizaciones como JSTOR para tener acceso a documentos académicos que el resto del mundo no puede leer”.
Continuó Swartz: “Estas tarifas de licencias son tan grandes, que gente que está estudiando en otros países, como la India, no tienen ningún tipo de acceso a estos documentos. Se les ha bloqueado el acceso a todo nuestro legado científico. Muchos de estos artículos académicos datan del siglo de las luces (siglo XVIII, los años 1700). Cada vez que alguien ha escrito un artículo científico, éste fue escaneado, digitalizado y colocado en estas colecciones. Ese es un legado que ha llegado a nosotros por la historia de gente haciendo trabajos interesantes, la historia de los científicos. Es un legado que debe pertenecer a nosotros como iguales, como personas, pero por el contrario, fue bloqueado por un grupo de corporaciones con ánimos de lucro que luego intentan sacar la máxima ganancia de ello”.
El artículo de Aporrea antes mencionado coincide, y añade que nosotros no estamos bloqueados únicamente de los papers hechos en universidades estadounidenses o europeas, sino también de muchos papers hechos en nuestras propias universidades públicas venezolanas: “El problema radica en que tal publicación (los papers) se hace con dinero de los venezolanos y ni la gente de a pie, ni los estudiantes venezolanos que son la juventud llamada a asumir las futuras riendas del país, ni siquiera las universidades (a menos que tengan subscripción a las revistas) tienen acceso libre y directo a ese conocimiento. En pleno siglo XXI, esto es inadmisible en el contexto venezolano, mas aún en el de América Latina”.
Swartz, quien entonces tenía una beca en Harvard, decidió ir del dicho al hecho. Entró al Massachussets Institute of Technology (MIT) y dejó una laptop con un disco duro externo escondida en un cuarto de redes informáticas, para aprovechar su enorme velocidad de acceso. La laptop ejecutó el script que él había programado, y por algunos días estuvo descargando millones de documentos de JSTOR. Lamentablemente Swartz fue descubierto y apresado por el Servicio Secreto estadounidense, que tras los atentados del 11 de Septiembre y gracias a la Ley Patriota aprobada por George W. Bush, se involucraba en estos casos de “ciberterrorismo”.
“Para Aaron, la programación de computadores es magia. Puedes lograr cosas que una persona normal no podría si no es capaz de programar. Entonces, si tienes poderes mágicos, ¿los usarás para el bien, o para hacer montañas de dinero?”, se preguntaba Ben Swartz, hermano de Aaron, hablando sobre su vida en el famoso documental “The Internet's Own Boy”, que recomiendo a todos ver [3].
Venezuela y el Conocimiento Libre
Hoy, en Venezuela, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento venezolano, que cuenta con diputados como Betty Crocquer y el profesor universitario Guido Ochoa, están debatiendo proyectos de leyes como la del Acceso al Conocimiento Libre y la del IVIC, que siguen el mismo espíritu de Aaron Swartz: el libre acceso a los conocimientos científicos, en particular cuando se trata de investigaciones pagadas y financiadas por el Estado venezolano con el dinero de todos. Proyectos que cuentan con el apoyo de numerosos movimientos de software libre, conocimiento libre y cultura libre.
Desde el colectivo Conocimiento Libre para el Socialismo (Colibris), al cual pertenezco, les dimos nuestro apoyo y enviamos en noviembre un documento a dicha comisión para enriquecer su propuesta. Pedimos, básicamente:
- Que el material creado por el Estado, o con fondos provenientes del Estado, sea considerado Conocimiento Libre o Cultura Libre y sea colocado en Internet para su libre acceso, consulta y descarga, utilizándose una licencia Creative Commons BY-NC-SA o equivalente.
- Que la Ley de Acceso al Conocimiento Libre (u otra que se redacte en el futuro) se aplique no sólo con textos científicos y académicos, sino que abarque también material cultural, incluyendo libros, audios, videos, música, películas y fotografías que hayan sido generadas con fondos públicos, colocándose en Internet para su libre acceso y descarga utilizándose una licencia Creative Commons BY-NC-SA o equivalente.
- Que la Ley de Libre Acceso al Conocimiento (u otra que se redacte en el futuro) refuerce a la Ley de Infogobierno en el tema de la preservación de los archivos digitales de las páginas web de los medios de comunicación del Estado, y de que los archivos de estas y otras páginas del Estado sean declarados de interés de la Nación y sean adecuadamente preservados por la Biblioteca Nacional de Venezuela, el Archivo General de la Nación u otros entes de importancia.
- Que se continúe la discusión para la creación de una nueva legislación de derechos de autor, propiedad intelectual y propiedad industrial adaptada a la Constitución Bolivariana y a la nueva sociedad socialista, igualitaria, de justicia social y pleno acceso al conocimiento y la cultura que construye la Revolución Bolivariana
Además, consideramos valiosísimos los aportes que el Frente para la Liberación Tecnológica y otros movimientos de tecnologías libres y conocimiento libre han hecho en favor de estos proyectos de leyes.
La discusión debe continuar, pero no es sencilla. Las leyes de derechos de autor, propiedad industrial, patentes y propiedad intelectual en Venezuela y el mundo con frecuencia han sido impulsadas y patrocinadas por grandes corporaciones para proteger sus intereses, mas no lo de los los autores, compositores, investigadores, músicos ni mucho menos los de los países en desarrollo. Hacer cambios de fondo implica muchas veces luchar contra intereses salvaguardados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (Ompi), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y numerosas empresas y organizaciones. A veces, algunos autores, científicos y músicos, creyendo estar defendiendo sus derechos, terminan sin querer defendiendo los de estas grandes multinacionales; les pedimos reflexionar y sumarse a nuestra lucha.
Sin duda que no es una discusión fácil ni es una lucha en la que debamos estar solos, ni como movimientos sociales, ni como países. En algún momento habrá que abandonar la Ompi y la OMC, y crear nuevas organizaciones que defiendan los derechos de nuestros pueblos y no los de grandes corporaciones.
Pero la lucha de Aaron Swartz demuestra que millones de activistas alrededor del mundo están conscientes de la necesidad de esta lucha, que sólo necesitamos organizarnos, conocernos y actuar juntos, convenciendo a los gobiernos progresistas y revolucionarios de la necesidad de esta lucha.
¡Que viva Aaron Swartz!
Referencias
[1] http://thinkprogress.org/justice/2013/01/14/1441211/killers-slavers-and-bank-robbers-all-face-less-severe-prison-terms-than-aaron-swartz-did/
[2] http://www.aporrea.org/tecno/a199929.html
[3] https://www.youtube.com/watch?v=vXr-2hwTk58
Nota 1: Hay que reconocer, sin embargo, que las controversias por el caso Swartz hicieron que JSTOR cambiara algunas de sus políticas: desde septiembre de 2011 permite el acceso gratuito a papers en dominio público, y desde 2012 también permite “leer” (más no imprimir o descargar) hasta tres papers quincenales de unas 1.200 journals a quienes se registren gratuitamente. JSTOR también retiró todos los cargos contra Swartz, pero la Fiscalía decidió abrir un caso por su cuenta y ensañarse con el joven debido a la “peligrosidad” de su actitud.
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