Dictadura
(Artículo publicado el 5 de febrero de 2013 en el diario CiudadCCS)
El diputado adeco Leomagno Flores afirmó el pasado 22 de enero que el software libre era “la dictadura” y debía excluirse del proyecto de Ley de Infogobierno. Aquí un video con sus palabras:
Veamos ejemplos de lo que, según ellos, es “democracia”.
En 2001, yo trabajaba en una pequeña empresa de publicidad junto a unas 10 personas. Un día, una atractiva dama de unos 45 años tocó la puerta: Se identificó como jueza, quien, acompañada de varios funcionarios, venían a realizar una inspección judicial en los computadores de la empresa.
Parece que un ex-empleado, descontento porque le habían tracaleado sus prestaciones, había visto en la prensa los avisos de la “Business Software Alliance” (BSA), una organización con presencia en decenas de países, que vela por los “derechos” de las grandes transnacionales del software: Adobe, Microsoft, Symantec, Autodesk, Oracle y muchas otras. Los avisos instaban a denunciar a un teléfono gratuito cualquier caso de software “pirata”, y el ex-empleado hizo su denuncia. La BSA acudió entonces al poder judicial para solicitarle que nos hicieran una inspección.
La jueza encontró que casi todas las computadoras usaban copias ilegales (mal llamadas “piratas”) de software privativo, como Windows, Office, Photoshop y similares, y procedieron a “secuestrar” los equipos hasta que los dueños cancelaran una cuantiosa multa y pagaran el costo de las licencias. Sólo dos equipos se salvaron: los que usaban Linux (software libre).
La historia se repitió en miles de empresas de nuestro país. Los allanamientos eran cotidianos en los cibercafés, que tuvieron que gastar millones en comprar licencias originales. El costo se trasladó a sus clientes, lo que con el tiempo causó que dejaran de ser un negocio atractivo y comenzaran a desaparecer.
¿Secuestrar computadores a exigencia de transnacionales extranjeras es sinónimo de “democracia”? La BSA está muy activa en todo el mundo, pues se valen de leyes que ellos han impuesto a través de la Organización Mundial de Comercio y tratados bilaterales con Estados Unidos. En Argentina, México, Colombia, Bolivia y toda Centroamérica realizan cientos de allanamientos al año buscando software pirata y secuestrando equipos. En Venezuela, la BSA ha recibido mucho apoyo del Seniat.
Nuestro consejo sigue siendo el mismo: no pagues por software privativo. El software libre (aquel que viene con su código fuente, puedes modificar y redistribuir sin limitaciones) no sólo es absolutamente legal, sino que es mejor que sus pares privativos, cada día es más fácil de usar y lo puedes modificar para adaptarlo a tus necesidades. Es por ello que el Presidente Chávez decretó su uso en el Estado, y es por ello que defendemos su incorporación en la Ley de Infogobierno.
El diputado adeco Leomagno Flores afirmó el pasado 22 de enero que el software libre era “la dictadura” y debía excluirse del proyecto de Ley de Infogobierno. Aquí un video con sus palabras:
Veamos ejemplos de lo que, según ellos, es “democracia”.
En 2001, yo trabajaba en una pequeña empresa de publicidad junto a unas 10 personas. Un día, una atractiva dama de unos 45 años tocó la puerta: Se identificó como jueza, quien, acompañada de varios funcionarios, venían a realizar una inspección judicial en los computadores de la empresa.
Parece que un ex-empleado, descontento porque le habían tracaleado sus prestaciones, había visto en la prensa los avisos de la “Business Software Alliance” (BSA), una organización con presencia en decenas de países, que vela por los “derechos” de las grandes transnacionales del software: Adobe, Microsoft, Symantec, Autodesk, Oracle y muchas otras. Los avisos instaban a denunciar a un teléfono gratuito cualquier caso de software “pirata”, y el ex-empleado hizo su denuncia. La BSA acudió entonces al poder judicial para solicitarle que nos hicieran una inspección.
La jueza encontró que casi todas las computadoras usaban copias ilegales (mal llamadas “piratas”) de software privativo, como Windows, Office, Photoshop y similares, y procedieron a “secuestrar” los equipos hasta que los dueños cancelaran una cuantiosa multa y pagaran el costo de las licencias. Sólo dos equipos se salvaron: los que usaban Linux (software libre).
La historia se repitió en miles de empresas de nuestro país. Los allanamientos eran cotidianos en los cibercafés, que tuvieron que gastar millones en comprar licencias originales. El costo se trasladó a sus clientes, lo que con el tiempo causó que dejaran de ser un negocio atractivo y comenzaran a desaparecer.

Nuestro consejo sigue siendo el mismo: no pagues por software privativo. El software libre (aquel que viene con su código fuente, puedes modificar y redistribuir sin limitaciones) no sólo es absolutamente legal, sino que es mejor que sus pares privativos, cada día es más fácil de usar y lo puedes modificar para adaptarlo a tus necesidades. Es por ello que el Presidente Chávez decretó su uso en el Estado, y es por ello que defendemos su incorporación en la Ley de Infogobierno.
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