16 de mayo de 2006

Luis Tascón prohibe entrada de Felipe Pérez Martí a Asamblea Nacional y anuncia que artículo 75 de la Ley de T.I. se redactará en privado

Este lunes fue prohibida la entrada de Felipe Pérez Martí, ex ministro de Planificación y uno de los voceros de la Asociación de Software Libre de Venezuela (SOLVE), a las mesas de redacción de la Ley de Tecnologías de Información.

Una vez iniciada la sesión de este lunes, Tascón explicó que las fuertes diferencias entre los representantes del Software Libre y del Software Privativo ocurridas el viernes pasado imposibilitaban cualquier consenso en este grupo de artículos, por lo que la redacción de los mismos se haría en privado. También afirmó que las supuestas ofensas de Pérez Martí el pasado viernes lo motivaron a evitar su ingreso este lunes al edificio de la Asamblea Nacional ubicado en la esquina de Pajaritos. Negó cualquier derecho de palabra al respecto e inmediatamente inició la discusión sobre los artículos 78 en adelante.

FUERTE IMPASSE

La orden de Tascón fue impartida luego de que el viernes ocurriera un fuerte impasse entre él y Pérez Martí, originado por la forma bastante irrespetuosa en la cual el diputado manejó el debate.

El viernes en la noche comenzaron las discusiones sobre el artículo 75 de la Ley de Tecnologías de Información, con la presencia de dos representantes de la empresa Microsoft de Venezuela, tres representantes de las cámaras empresariales Cavecom-e y Cavedatos, trabajadores de diferentes ministerios y entes del Estado (como PDVSA, Ministerios de Educación, TSJ, Conatel y otros), el presidente y otros miembros de la empresa de software privativo nacional Lulo-Soft, y un representante de la UCAB que defendía los derechos de Microsoft. También asistieron varias personas miembros de diferentes comunidades de Software Libre venezolanas.

Desde las seis de la tarde de ese día, el diputado Tascón lideró la discusión en torno a una serie de puntos que él llamaba "innegociables" sobre el artículo 75, y bajo los cuales él quería que todos estuvieran de acuerdo. Entre ellos destaca la disponibilidad de código fuente de las aplicaciones que se usen en el Estado, y el no aceptar licencias que obliguen al Estado a publicar código.

Repetidas veces Tascón cortó derechos de palabra e irrespetó los turnos de las diferentes personas que querían participar y que representaban a amplios sectores del país, lo cual ya traía fuertes molestias entre los presentes.

MADRUGONAZO: SACAN UN ARTÍCULO 75 DEBAJO DE LA MANGA

Pero la gota que colmó el vaso ocurrió cuando, al filo de la medianoche y luego de discutirse estos puntos de muy mala manera durante seis horas, el asesor jurídico del CNTI, Gerardo Pagés, sacó de su bolsillo un artículo 75 que ya estaba redactado y el cual Tascón inicialmente quería imponer como el definitivo. Lo que los miembros de SOLVE denunciaron como un "madrugonazo".

La situación provocó una muy fuerte discusión entre Tascón y Felipe Pérez. Luego, cuando Tascón accedió a discutir el artículo debido a la presión de muchas otras personas, aceptó cambiar la redacción de dos literales por presiones de los representantes de Microsoft, quienes se negaban a admitir términos como "redistribución" debido a que "ese es el término que usan los del Software Libre". Esta aparente sujeción a las opiniones de Microsoft provocó una nueva discusión bastante fuerte entre Tascón y Pérez Martí.

Tascón también se negó a considerar o siquiera leer las propuestas de artículo 75 que los miembros de SOLVE por un lado, y los de Cavecom-e por el otro, habían traído por escrito.

La mesa se extendió hasta las dos de la mañana del sábado, cuando la mayoría de los asistentes ya eran víctimas del cansancio y de ocho horas de discusión. Vale notar que las discusiones ya llevan tres semanas completas, en las cuales las mesas de redacción se han reunido casi todos los días desde las 7 de la noche hasta la medianoche o a veces más, lo que tiene agotados a los asistentes.

DESCARTADA LA GPL

Uno de los puntos impuestos por Tascón, sin embargo, descarta a las licencias GPL en parte del software del Estado. Se trata de un punto según el cual "las contrataciones no podrán obligar al Estado a publicar el código o sus modificaciones", lo que trae problemas en aquellos casos donde el Estado quiera crear aplicaciones que deba redistribuir. Si esas aplicaciones tienen licencia GPL, tendrán que ser descartadas ya que la GPL obliga a publicar el código fuente cuando se distribuya la aplicación.

La licencia GPL o "GNU General Public License" es la principal licencia utilizada en proyectos de software libre en todo el mundo, abarcando a más del 90% de proyectos de ese tipo, entre ellos el propio núcleo y una gran parte del sistema operativo GNU/Linux.

¿RUMBEANDO CON MICROSOFT?


Vale la pena destacar que el domingo pasado, la columna "Inside Telecom" del diario derechista El Universal también denunciaba que el software comercial era sacado de la Administración Pública Nacional en la nueva ley de Tascón, pero que el diputado había celebrado el XV aniversario de la empresa en Venezuela en una celebración realizada en un conocido hotel capitalino.

Ver http://www.eluniversal.com/2006/05/14/eco_art_14280P.shtml

En esa fiesta, la transnacional anunció que abriría el código fuente de sus aplicaciones para Venezuela, en una engañosa modalidad conocida como "Shared Source", que sólo revela porciones del código fuente de los programas Microsoft a algunos empleados del gobierno previa firma de fuertes acuerdos de confidencialidad. Dicha modalidad prohíbe al Estado la modificación del código fuente, excepto bajo ciertas condiciones muy restringidas.

MICROSOFT ENTRA CON LA NUEVA LEY

Es de resaltar que el redactor de la Ley, Gerardo Pagés, indicó el pasado viernes que una empresa vendedora de software podría firmar un acuerdo de confidencialidad con el CONATI (el nuevo ente rector de tecnologías informáticas, que sería creado por la nueva ley) para que ellos accedieran al código fuente de la aplicación. Una vez el CONATI certificara el código fuente, cualquier otro ente del estado podría usar esa aplicación sin necesidad de ver el código fuente.

Esto, de quedar aprobado, permitirá el uso de software de Microsoft en la Administración Pública venezolana, un contraste total con lo que había logrado el Decreto 3.390 firmado por el Presidente Hugo Chávez en diciembre de 2004.
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