22 de enero de 2013

¿Cuántas muertes necesitamos para empezar el debate?

(Publicado en el periódico CiudadCCS el 22 de enero de 2013)

Vivimos en un país donde, afortunadamente, es muy fácil conseguir y copiar todo lo que queramos. Si quieres una película o un CD de música, puedes conseguirlo en el comercio informal. Nadie nos corta el Internet si descargamos películas o canciones, como ocurre en Francia, Japón o Nueva Zelanda. Nadie le cobra derechos de autor al dueño de una peluquería por poner la radio, ni la policía le revisa los CDs a los DJs para cerciorarse que son originales, como pasa en España. Nadie se queja de que se compró un libro digital en Amazon y ahora no puede copiárselo a su novia. Los libros en Venezuela son muy baratos. Aún con los costosos, si uno camina lo suficiente puede conseguir versiones reimpresas a una fracción de su valor.

El que tengamos tantas facilidades para acceder al conocimiento y la cultura en nuestro país, ha hecho que el debate sobre nuestras leyes de derechos de autor, propiedad intelectual y patentes quede prácticamente anulado. Los venezolanos tenemos problemas más importantes, como los tuits de Diosa Canales, el round robin del beisbol o el alza del precio de los iPhones.

Sin embargo, Venezuela es parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a su vez parte de la Organización Mundial de Comercio; entes creados para defender los intereses de sus grandes representadas: las transnacionales del mundo del cine, la música, los libros y el software. Todo un sistema legal que se toma muy en serio su trabajo, y que nos ha impuesto en el pasado las leyes que ellos han querido, aprovechando que el tema no es importante para nosotros, las personas de a pie.


En Estados Unidos, este fue el sistema que presionó a Aaron Swartz y lo llevó a la muerte. Amenazar a un joven de 26 años con 50 años de cárcel y un millón de dólares en multas fue el castigo por liberar 35 GB de datos correspondientes a 4 millones de documentos con investigaciones científicas de las universidades estadounidenses. Allá, matar a alguien se pena con 10 años de prisión.El robo a bancos, la venta de pornografía infantil, la venta de esclavos o el ayudar a grupos terroristas: 20 años. Los convictos por violación no pasan más de 6 años en cárcel. Pero el liberar el conocimiento científico sin pedir nada a cambio, es mucho más peligroso que todos esos crímenes y te costará la vida, de una forma u otra.

Para la mayoría de los estadounidenses, Aaron pasará al olvido luego del siguiente escándalo de Lady Gaga, Justin Bieber o las Kardashian. Pero nosotros en el sur, donde tenemos gobiernos dispuestos a cambiar el mundo para mejor, debemos aprovechar nuestras libertades para discutir cómo mejorar las cosas. Que nuestros pueblos, nuestros cultores, nuestros técnicos tomen la palabra y digan qué necesitamos en materia de derechos de autor, propiedad intelectual y conocimiento libre. Y luego, transformemos nuestras leyes en consecuencia. Y si eso significa que debemos abandonar la OMPI para formar nuestras propias organizaciones, así como ya formamos el ALBA, Unasur o CELAC, ¡pues hagámoslo! Pero comencemos antes que sea muy tarde.
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