3 de abril de 2017

¿Fue un "teatro" la controversia entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia?

El viernes en la mañana, el país entero se llevó una inmensa sorpresa cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció públicamente sus desacuerdos con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, alegando que las mismas constituían una "ruptura del hilo constitucional".

Luisa Ortega Díaz. Foto: Unión Radio / Flash JC.
Aunque ambas sentencias surgían por temas distintos, ambas tocaban el tema de la Asamblea Nacional, que desde julio de 2016 fue declarada en desacato por el TSJ tras haber juramentado como diputados a 3 candidatos del estado Amazonas cuya proclamación estaba suspendida mientras se investigaban presuntas irregularidades, respaldadas por grabaciones que eran conocidas por todo el país. La proclamación era muy importante porque esos tres diputados adicionales le daban a la oposición la mayoría absoluta en el Parlamento, y la capacidad de modificar leyes orgánicas.

La larga sentencia 155 anunciaba, en un pequeño párrafo de 4 líneas, que la inmunidad parlamentaria de los diputados quedaba suspendida mientras la Asamblea Nacional continuaba en desacato, y la sentencia 156, surgida por la necesidad de aprobación de la Asamblea Nacional para que Pdvsa pudiera constituir nuevas empresas mixtas, señalaba en otro pequeño párrafo de 4 líneas que la Sala Constitucional del TSJ asumiría competencias parlamentarias mientras la Asamblea siga en desacato.

Estos dos puntos, en particular el último, fueron tomados por el planeta entero como un anuncio de que la Asamblea Nacional había sido "anulada" y de que, por lo tanto, había un golpe de Estado en Venezuela (más concretamente un "autogolpe"), al cual comenzaron a llamar "Madurazo" imitando el nombre dado a la disolución del congreso que Alberto Fujimori realizó en 1992, el llamado "Fujimorazo".

Pocas  horas después, el Presidente Maduro anunció que se utilizaría un mecanismo previsto en la Constitución, el Consejo de Defensa Nacional, para reunir a las cabezas de los poderes públicos y solucionar la discrepancia. Con la participación remota de la propia Fiscal General, ese mismo viernes en la noche se reunieron las cabezas de los Poderes Públicos y, en la madrugada, anunciaron haber resuelto el problema.

La solución se dio a conocer en la mañana del sábado: los párrafos más controversiales de ambas sentencias, en torno a las competencias y la inmunidad de la Asamblea Nacional, estaban siendo removidos.

De inmediato, todos comenzamos a meditar qué fue lo que pasó aquí. A los chavistas el tema nos preocupó, porque esto significa que una decisión tan trascendental como el que un poder público asuma temporalmente las funciones de otro, parece que no fue una decisión concertada ni planificada.

De alguna manera muchos nos imaginábamos, tal vez influidos por los medios de comunicación, que el Presidente de la República, Nicolás Maduro; el Presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno y tal vez algún grupo de altos líderes del gobierno, incluyendo la Fiscal General, se reunirían o al menos se comunicarían entre ellos antes de emitir una sentencia tan importante como esa, escogiendo cuidadosamente el momento y el mecanismo para tomar esa decisión.

Los opositores, por su parte, comenzaron a "explicar" el domingo su teoría de qué había pasado. Ellos señalaban con maestría que, supuestamente, hay una especie de gran mesa donde Maduro, Luisa Ortega Díaz, Maikel Moreno, Diosdado, Tibisay y demás "cabezas del chavismo" se reúnen todas las noches para planificar todo lo que hacen.

Así nos hacen imaginar Prodavinci y Runrunes las supuestas reuniones secretas
de los líderes del chavismo. Cortesía Los Simpson/Fox
Estos opositores nos aseguran que las palabras de Ortega Díaz fueron planificadas por Maduro: todo supuestamente era "un teatro" en el que a ella se le asignó un papel, para que cundiera el caos por unas horas y Maduro entonces pudiera llegar como el gran conciliador demócrata, el pacificador que arribó para salvarnos a todos. El objetivo, según los que difunden esta alocada teoría, es demostrar a la comunidad internacional que Maduro es un demócrata y que Venezuela no es una dictadura, sino un país donde hay independencia de poderes.

Por supuesto que esta teoría me parece estúpida. Y quiero explicar por qué.

Tenemos que contextualizar el momento en el que estábamos. Mientras se emitía la primera sentencia 155, simultáneamente se libraba una espectacular batalla diplomática en la Organización de Estados Americanos (OEA), con su secretario general, Luis Almagro, haciendo lo imposible para lograr que se apruebe la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, lo que implicaría sanciones que empeorarían notablemente la situación del país y nos conduciría inevitablemente a una crisis humanitaria.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez hizo inmensos esfuerzos para evitar que Almagro lograra activar
la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela. Foto: OEA
Engranajes y presiones se movían por todos lados. Al menos dos congresistas estadounidenses amenazaron públicamente a tres países (El Salvador, República Dominicana y Haití) de que Estados Unidos les retiraría ayudas financieras si continuaban apoyando a Venezuela. Pequeñas islas del Caribe eran presionadas por el Imperio más poderoso de la historia para cambiar su voto. Por su parte, Maduro también se comunicó telefónicamente con los presidentes de México y Panamá para intentar hacerlos razonar.

De alguna forma, Almagro y sus aliados lograron subir los votos contra Venezuela de 14 a 20, acercándose mucho a los 24 necesarios para aprobar la Carta Democrática.

Sin embargo, luego de un duro y emocionante debate de varias horas en el Consejo Permanente de la OEA, finalmente los países antivenezolanos no pudieron lograr los votos necesarios para aprobar la aplicación de la Carta Democrática contra nuestro país. Sencillamente muchos países no estaban convencidos de que seamos una dictadura, o que nuestra democracia corriese peligro.

Foto: EOA
Pero entonces, el miércoles en la noche, cuando los venezolanos todavía celebraban el éxito en la OEA, con las sillas todavía calientes luego de horas de debate, de pronto la Sala Constitucional del TSJ emite una nueva sentencia, la 156. 

En principio parecía una sentencia aburrida más, en torno a la constitución de empresas mixtas, cuya aprobación requiere intervención del parlamento venezolano. Básicamente la sentencia decía que, mientras durase el desacato del Parlamento, la Sala Constitucional se encargaría de aprobar las empresas mixtas, requiriendo al Ejecutivo toda la documentación necesaria para su análisis y aprobación.

Hasta allí todo bien. Nada nuevo, que no se hubiera aprobado previamente en otras sentencias emitidas por el TSJ a solicitud del Poder Ejecutivo. Total, el gobierno requería seguir trabajando en medio de esta dura guerra económica que vivimos, pero tenía impedimentos por la negativa de la Asamblea Nacional a trabajar.

Pero en esa sentencia, de pronto aparece un parrafito muy extraño, diciendo:

4.4.- Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.

En otras palabras, la Sala Constitucional del TSJ asumirá las competencias de la Asamblea Nacional.

Aunque en lo personal estoy de acuerdo con ese parrafito, hoy sabemos que era innecesario. El asunto principal tocado por la sentencia (la autorización para crear empresas mixtas) no requería ese parrafito. Ya se han emitido otras sentencias en las que la Sala Constitucional ha resuelto problemas similares, indicando que el TSJ asumiría una función particular de la Asamblea Nacional mientras haya desacato. Nadie había hecho mayor escándalo al respecto. El problema es que este parrafito diciendo que el TSJ asumirá todas las competencias parlamentarias, creaba un ruido inmenso, innecesario. Era muy fácil que la derecha lo usara para creer a cualquier incauto, que Venezuela había abolido la Asamblea Nacional.

En términos beisbolísticos, era un pitcheo muy fácil de atajar, que la oposición no peló y bateó con todas sus fuerzas. Le gritaron  al mundo:

"¡¡¡AL FIN!!! ¡¡¡NO HAY DUDA!!! ¡¡¡HAY DICTADURA EN VENEZUELA!!!"

En la mañana del jueves, el diputado Julio Borges, presidente autoproclamado del Parlamento venezolano, dio una rueda de prensa en la que afirmaba que había un autogolpe o golpe de Estado. Rompía la sentencia ante las cámaras, pedía pronunciamientos de las Fuerzas Armadas y de las comunidad internacional.

Foto: Agencias
Medios gigantescos como CNN en Español, El País de España, Clarín de Argentina o El Nuevo Herald de Miami, o hasta la propia combinación Google-Wikipedia, clamaban que en Venezuela había un autogolpe.

Almagro estaba feliz. Extasiado. Casi simultáneamente a la rueda de prensa de Borges, emitía un comunicado a través de la página oficial de la OEA, denunciando un "auto golpe" en nuestro país. "Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", señalaba el texto. "La Carta Democrática Interamericana debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado", dijo después, dándose la razón a sí mismo y regañando a todos los países que no le habían dado apoyo. Hasta se dio el tupé de citar frases del prócer Artigas en su comunicado.

Todos nos imagínabamos a Almagro con los ojos desorbitados, una sonrisa macabra y una camisa de fuerza, como el propio Bob Patiño cuando se lo llevan preso, gritando: "¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Yo se los decía! ¡Maduro es un dictador! ¡Siempre lo supe! ¡Pero ustedes no me hacían caso!".

Luis Almagro, perdón, Bob Patiño. Cortesía Los Simpson/Fox
Pronto, al menos quince países comenzaron a emitir comunicados expresando su "preocupación" por lo ocurrido. Algunos, como Perú, hasta retiraron a su embajador. La Unión Europea, Mercosur, la Cidh y seis países de Unasur emitieron comunicados contra Venezuela. Quienes estábamos pendientes de las noticias sentíamos que el mundo se nos ponía en nuestra contra.

Almagro lo sabía, y aprovecho esto para pedir un nuevo Consejo Permanente contra Venezuela. Para él, era obvio que ahora sí tendría los votos, y lograría lo que siempre pidió: invocar la Carta Democrática contra nuestro país.

Pocos quisieron escuchar las razones de la decisión. Ni siquiera leyeron en la sentencia la frase "...mientras persista la situación de desacato", que señalaba su carácter temporal. Mucho menos preguntaron por qué la Asamblea Nacional está en desacato, ni les importaba saber que era la propia Asamblea la que podía salir del desacato haciendo unos trámites que tardarían, a lo sumo, un par de días.

Nosotros publicamos un artículo en Alba Ciudad, llamado "¿Hay un golpe de Estado en Venezuela?", que tuvo más de 120 mil visitas en tres días y en el que intentábamos explicar a una audiencia internacional todo lo que había pasado en la Asamblea Nacional de Venezuela desde diciembre de 2015.  Pero, ante la orquesta de gigantescos medios internacionales que convencían a millones de personas en todo el mundo de que en Venezuela había un autogolpe, debo reconocer que no tuvimos mayor efecto.

¿Por qué nadie nos escuchaba? Isaías Rodríguez, profesor en derecho constitucional, explicó que en la mayoría de los países europeos, donde los sistemas son parlamentarios y no se entiende mucho sobre nuestras leyes, el que se alegue que la Asamblea Nacional fue abolida o anulada es considerado algo gravísimo, terrible, una hecatombe. De hecho, aunque él no estaba de acuerdo con las afirmaciones de "ruptura" del hilo constitucional, tampoco estaba de acuerdo con la suspensión de la inmunidad parlamentaria plasmada en una de las sentencias.

Ese mismo jueves, el Presidente Maduro apareció en dos actos televisados; en uno, condecoraba al embajador saliente de Arabia Saudi en Venezuela. En otro, daba la despedida al presidente de la CAF en el país. En ninguno de los dos actos se refirió a la nueva sentencia 156. El día anterior, en otro acto público, Maduro sí se había referido a la sentencia 155, y dijo que, si bien la consideraba "histórica", iba a solicitar a la Procuraduría analizarla para entender bien su alcance y atribuciones.

El viernes en la mañana, luego de que la Fiscal Ortega Díaz señalara públicamente que tenía objeciones con ambas sentencias, se formó un gran escándalo dentro del chavismo. Muchos la señalaban en Twitter como traidora, vendida, escuálida, catira oxigenada. Apelativos similares surgieron contra la abogada revolucionaria Eva Golinger, cuando también manifestó en Twitter que la separación de poderes debía mantenerse. El mundo entero, pendiente de nosotros, veía cómo nos despedazábamos en las redes sociales.

Es terrible ver ese comportamiento de nuestra "tropa", cada vez que un revolucionario manifiesta un desacuerdo con algo. Rápidamente todo el país había olvidado que, sólo 7 días antes, Ortega Díaz había encabezado la presentación del Informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad, en cuyas 800 páginas se muestra la historia de cientos de revolucionarios torturados o asesinados en la Cuarta República y se señala con nombre y apellido a los funcionarios policiales que realizaron torturas y asesinatos durante este oscuro período. Algo donde ella está arriesgando su vida, porque todos sabemos que, si este gobierno cae y se monta uno de derecha, todos esos asesinos querrán cobrar venganza.

Aún no hemos aprendido que, entre revolucionarios, puede haber desacuerdos, y que esto no significa el fin del mundo. La verdad es que los desacuerdos siempre existirán, porque somos humanos y eso está en nuestra sangre. El chavismo, además, es extremadamente diverso y amplio, nos guste o no. De hecho, ojalá hubieran mejores formas de expresar los desacuerdos, porque quienes estamos abajo muchas veces no tenemos como denunciar cosas graves que están pasando. No nos queda otra sino usar redes sociales,  Twitter, Aporrea y similares, y a menudo somos acusados de ultrosos, contrarrevolucionarios, ultracríticos, infiltrados, revolachas y traidores por hacerlo.

¡A veces provoca simplemente mandarlo todo al carajo!

Pero entonces recordamos que, de esta revolución, depende el futuro de nuestros hijos y nuestro país. Y preferimos un millón de veces este proceso con sus defectos y problemas, así muchas veces no nos escuchen o nos llamen traidores, antes que permitir el ascenso de un gobierno de derecha que nos pondrá a todos juntos en la misma fosa común.

¿Por qué Maduro no pudo ser el autor de la sentencia 156?


En la tarde del viernes, el Presidente Maduro asistió a la clausura del evento Venezuela Digital 2017. Y era inevitable que se refiriera a la sentencia y las palabras de Ortega Díaz, dada la conmoción que había en el país. Allí señaló que no sabía nada de la sentencia hasta que fue publicada, e inmediatamente, muchos opositores comenzaron a acusarlo de mentiroso.

Yo, en cambio, creo que decía la verdad.

Foto: AVN
En primer lugar Maduro, como Presidente de la República y responsable de la política exterior del país, fue el líder de las acciones de defensa de Venezuela en el Consejo Permanente de la OEA. Sólo él y su equipo saben de los enormes esfuerzos que hicieron para evitar la activación de la Carta Democrática. A nivel diplomático, debió ser un trabajo descomunal, teniendo en cuenta el imponente enemigo que tenían: los Estados Unidos y sus aliados, entre ellos países tan fuertes e influyentes como Brasil, Argentina, México o Colombia, entre muchos otros.

Maduro, además de ser compañero y alumno de Hugo Chávez, fue Canciller por seis años y medio. Fue diputado por seis años. Fue presidente de la Asamblea Nacional. Él aprendió de Chávez a ser un estratega. Él, como excanciller, sabe muy bien el efecto que un parrafito como el de la sentencia 156 podía tener en la comunidad internacional. En el supuesto de que Maduro hubiera mandado a hacer esa sentencia, estoy seguro de que él no hubiera estado de acuerdo en colocar en ella el párrafito 4.4 dándole al TSJ las atribuciones de la Asamblea. Y mucho menos publicar ese parrafito en un momento tan delicado como este.

Por otro lado, no nos estamos jugando sólo nuestra revolución. Ecuador estaba cerrando la campaña electoral de sus elecciones presidenciales, con un final muy cerrado entre el banquero Guillermo Lasso y el candidato de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno.

Y la prensa de ese país no desperdició la noticia de la supuesta "dictadura" en Venezuela, para crear tremendos titulares el viernes asustando a los votantes, dando a entender que lo mismo que pasaba en Venezuela ocurriría en Ecuador si ganaba Lenín Moreno, el candidato del Movimiento Alianza País (partido de Rafael Correa):


Finalmente el domingo Lenín Moreno venció, pero por apenas 200 mil votos y con amenazas de protestas violentas por parte de su contrincantelo que nos da una idea de lo peligroso que puede ser una noticia como esta para países aliados.

Lo que intento decir, es que es absurdo creer que Maduro haya orquestado todo lo que pasó la semana pasada. Que haya redactado una sentencia con un párrafo que, innecesariamente, ponía en peligro nuestra victoria en la OEA y echaba a la basura todos nuestros esfuerzos para evitar la activación de la Carta Democrática.

Ese parrafito podría haber causado el ascenso al poder del banquero y empresario Guillermo Lasso en Ecuador: una victoria para la derecha que hubiera sido muy desmoralizante y peligrosa para todas las revoluciones del hemisferio. Hubiera sido un golpe muy duro para el pueblo ecuatoriano, que perdería importantes avances sociales. Un voto menos en la OEA, en Unasur y en Celac. Una peligrosa pérdida en el ALBA. Un riesgo grave para Julián Assange y el proyecto Wikileaks. Y todos los pueblos latinoamericanos nos señalarían a nosotros como los culpables.

Es mucho más absurdo pensar que Maduro, en esa supuesta mesa de reuniones secreta del chavismo, haya "ordenado" a la Fiscal aparecer ante los medios para inventar un escándalo. Y que ella hubiera aceptado esa orden.

Yo tiendo a creer que el TSJ emitió esa sentencia por voluntad propia y sin coordinación alguna con otros poderes públicos. Recordemos, además, que el Tribunal Supremo tiene una Justa Directiva nombrada hace pocas semanas. No hace falta ser jurista para darse cuenta que su nuevo Presidente, Maikel Moreno, y la nueva Sala Plena parecen tener un estilo muy distinto al que tenían Gladys Gutiérrez y sus otros predecesores.

También tiendo a creer que la Fiscal General, por convicción propia, basándose en sus conocimientos legales, vio que esas sentencias tenían errores graves en su opinión, y tal vez no tenía canales para hacer la denuncia (ya el 24 de marzo había expresado públicamente su frustración de que el Presidente Maduro no hubiera acudido al acto del Comité por la Justicia y la Paz). Y, en esas circunstancias, prefirió hacer lo que hizo para intentar hacer llegar el mensaje.

El retiro de los dos o tres párrafos en esas sentencias pareciera haber calmado las aguas a nivel internacional. Las amenazas de "guarimbas" o protestas violentas en nuestro país también parecen haberse apaciguado, luego de que el viernes y sábado ocurrieran protestas relativamente menores, pero que los medios internacionales amplificaron, poniéndolas por encima de hechos mucho más graves, como la quema del congreso de Paraguay, que dejó un muerto y numerosos heridos.

Habría que sentarse a pensar qué hubiera pasado si Ortega Díaz no hubiera hecho lo que hizo... ¿cómo lidiar con la activación de la Carta Democrática y sus sanciones políticas, económicas y comerciales? ¿Cómo lidiar con guarimbas y protestas violentas en las calles? ¿Y con decenas de países y organizaciones multilaterales dándonos las espaldas, retirando sus embajadores, rompiendo relaciones, prohibiendo el comercio con nosotros?

Eso sí: Todos hubiéramos preferido que Ortega Díaz se hubiese comunicado directamente con el Presidente de la República y con el Presidente del TSJ por algún canal directo y apropiado. Desconozco si ese canal existía; espero que ahora sí exista. Espero no sea un grupo de Whatsapp, porque los tendrían muy monitoreados en el Imperio.

Espero que vayan apareciendo nuevos canales, para que las personas más indefensas y vulnerables también puedan hacer llegar sus preocupaciones.

Y espero que nosotros podamos madurar más: una diferencia no es el fin del proceso. No es algo que cause que todos debamos chocar las cabezas contra el muro hasta reventárnoslas.

El que alguien exprese un desacuerdo público no significa necesariamente que sea un traidor. Todo lo contrario, tal vez lo está haciendo por lealtad y por querer que este proceso salga adelante.

Todos cometemos errores. Sólo que hay algunos errores que no tienen mayor relevancia y hay otros que, como en el efecto mariposa propuesto por Edward Lorenz, pueden causar un tornado en el otro lado del mundo como consecuencia del simple aleteo del más pequeño insecto. O de un minúsculo parrafito.

¡Lo importante es corregir esos errores y seguir adelante!

21 de marzo de 2017

El enemigo no es el Big Data, sino el Imperialismo


¡Estoy muy contento! Al fin veo que los medios de comunicación y los líderes del chavismo venezolano están siendo críticos con las redes sociales y están denunciando la capacidad de espionaje y manipulación que ejercen sobre cada uno de nosotros, luego de siete u ocho años en los cuales las comunidades tecnológicas y de software libre nos hemos mostrado muy críticas en la forma como el gobierno ha manejado el tema (véase, por ejemplo, los artículos "Twitter y Blackberry son una moda, la atención a la gente no puede estar construida sobre una moda" publicado en mayo de 2010; "Redes sociales en Venezuela", publicado en mayo de 2013; o "La mejor red social la creó Hugo Chávez", publicado también en esa fecha).

Parece que ya están quedando en el pasado los tiempos en que, quienes pedíamos que cesara el excesivo uso de emblemas de Facebook, Apple o Microsoft en nuestros medios de comunicación públicos, éramos calificados de "retrotecnológicos", "revolachas" y otros adjetivos denigrantes incluso desde los medios del Estado.

Y es que a cualquier estudiante de informática que sepa cómo funciona un servidor web y todo el inmenso caudal de información personal que dejamos en páginas como Facebook, Google o Twitter cuando las usamos, no le cuesta mucho imaginar que una empresa se va a poner muy creativa con toda esa información. Total, esas empresas no nos cobran nada por sus servicios, y de algún lado tienen que obtener las inmensas ganancias que han colocado a sus fundadores en la lista de las personas más adineradas del mundo en menos de una década (hablamos de gente como Bill Gates, Steve Ballmer y Paul Allen de Microsoft; Sergey Brin y Larry Page de Google; Jeff Bezos de Amazon, o Mark Zuckerberg de Facebook, entre otros que están en la lista Forbes de los 50 más adinerados del mundo).

Fuente: LoyolaAndNews.es
Todas esas páginas de redes sociales nos presentan inmensos contratos legales que aceptamos sin siquiera leer, en los cuales les damos permiso de hacer con nuestros datos personales prácticamente lo que quieran.

Peor aún: todas esas empresas tienen como sede un país que se ha comportado como un Imperio invasor, preocupado únicamente por sus propios intereses económicos y políticos, que tiene toda una tradición de décadas de espionaje en contra de sus aliados y enemigos, y que ha causado no menos de un millón de muertes de forma directa o indirecta, en países como Irak, Libia o Siria en los últimos años.

Las leyes estadounidenses teóricamente protegen a sus propios ciudadanos de ser espiados, pero nosotros los NO estadounidenses NO estamos protegidos de ninguna forma.

¿Es descabellado pensar que empresas estadounidenses colaboran con agencias de inteligencia de su país en espiar a terceros? Pues, no es la primera vez que sucede.

Vean, por ejemplo, este artículo que escribimos en 2006, sobre cómo la empresa Xerox ayudó al gobierno estadounidense en 1962 a espiar la embajada soviética en Washington, colocando cámaras dentro de sus fotocopiadoras para obtener copias de todos los documentos. Técnica que luego fue utilizada por el gobierno estadounidense para espiar no solo a enemigos, sino a sus aliados. Esto fue dado a conocer en 1997 a través de la revista Popular Science, y años después a través de documentales en History Channel, en los cuales los ingenieros de Xerox, ya ancianos, contaban con orgullo sus hazañas.

Una cámara posicionada dentro de una fotocopiadora Xerox 914, colocada allí para hacer espionaje fotografiando cada documento fotocopiado. Un técnico que iba a hacer "mantenimiento" a la fotocopiadora se llevaba el rollo con las fotos, y colocaba uno nuevo todas las semanas.
Si ingenieros de Xerox se sentían orgullosos en los años sesenta de participar en el espionaje a favor de su país, ¿somos tan ingenuos como para pensar que Microsoft, Google, Apple y otras compañías estadounidenses que tienen su sistema operativo instalado en cada computador y celular de nuestro planeta, no se iban a prestar para lo mismo?

Pocos nos creían. Por fortuna llegaron Julian Assange y Edward Snowden, entre otros, para confirmar nuestras sospechas y presentar evidencias que así lo comprobaban.

Al menos, una fotocopiadora Xerox podía ser desarmada hasta dar con los mecanismos de espionaje dentro de ella. En cambio, el software propietario y de código cerrado de Microsoft, Apple, Google y similares no puede ser analizado ni revisado por nadie, al menos no fácilmente. Es por ello que hemos sido tan insistentes con el uso de software libre, cuyo código fuente sí podemos revisar y modificar.
 
No es alocado pensar que Facebook pueda vender, regalar o transferir todos los datos personales de una persona cualquiera, de un tal "Luigino Bracci Roa" a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), incluyendo datos de mi ubicación personal, mi lista de amigos y contactos, mis mensajes privados, el historial de a qué hora me conecto y desde qué lugares, a qué horas uso Facebook desde mi computadora o desde mi celular, qué redes Wifi he utilizado, a qué productos y comentarios le he dado "Me Gusta", a qué personas estalkeo y a cuales he bloqueado, qué productos he comprado recientemente... Facebook puede entregar todos esos datos sin que ello rompa con sus contratos o leyes estadounidenses, y los dará aún más rápido si hay algún tipo de convenio comercial entre ellos y el gobierno estadounidense.

De hecho, a lo mejor Luigino Bracci es un objetivo de poca importancia para la NSA, pero alguno de mis contactos sí es de gran importancia para ellos. Y la NSA puede espiarme a mí como forma de llegar a ese contacto, al cual yo puedo estar perjudicando sin intención alguna.  Uno puede estar delatando a su mejor amigo sin saberlo. Los "sapos" del siglo 21 ni siquiera tienen que saber que lo son.

"Big Data" es sólo una de las muchísimas tecnologías que podrían estar usando Facebook, Twitter, la CIA y la NSA para analizar todos estos datos y encontrar patrones, tales como a qué hora se despierta o se acuesta Luigino Bracci, qué lugares acostumbra visitar, quienes son sus amigos, familiares y conocidos, a qué grupos pertenece o si está involucrado en actividades que ellos puedan considerar "sospechosas".

Pero "Big Data" no es la única tecnología. Hay cientos de otras técnicas de análisis e indexamiento, algoritmos de búsqueda de patrones, algoritmos de inteligencia empresarial, data warehouse, y seguramente llegarán nuevos y mejores algoritmos en el futuro. Por ende, aunque me alegra mucho de que estemos hablando desde la Revolución sobre los peligros de las redes sociales, parece que algunos camaradas y medios revolucionarios han caído en el error de criminalizar al Big Data, o a cualquier otra forma de tecnología que esté usando el Imperialismo para atacarnos.

Usar el Big Data, las noticias falsas y las publicaciones que aparecen en el muro de Facebook para manipular a las personas y ganar elecciones, como al parecer lo hizo Donald Trump, sin duda que es algo fuera de toda ética. Pero en vez de criminalizar las tecnologías, a quien debemos denunciar es a las corporaciones, políticos y empresas que les están dando esos usos para nada justificables.

Criminalizar el Big Data es tan absurdo, como prohibir las motocicletas sólo porque algunos delincuentes las usan para cometer crímenes, sin tomar en cuenta a los millones que las usan legítimamente para trabajar y transportarse.

Todo lo contrario, muchos nos preguntamos qué podría pasar si, en medio de esta guerra económica que estamos viviendo en Venezuela, alguien decidiera usar Big Data (u otros algoritmos y metodologías) para analizar bases de datos en poder del Estado, tales como:
  • las bases de datos de Cadivi/Cencoex con toda la información de las empresas que están recibiendo divisas preferenciales
  • las bases de datos de las aduanas y los puertos del país, con la información de todos los productos que llegan a Venezuela
  • las bases de datos de Sunagro con todas las guías de transporte de alimentos
  • las bases de datos de Sundde con todos los locales, tiendas y distribuidores inspeccionados
  • las bases de datos del Seniat, con las declaraciones de impuestos de todas estas empresas
  • las bases de datos de denuncias de la población
  • Y cualquier otra base de datos en poder del Estado
Y si a todo esto le implementamos algoritmos de Big Data, o cualquier otro algoritmo de búsqueda de patrones o de inteligencia empresarial...
  • ¿Eso no nos permitiría determinar con una facilidad asombrosa qué empresas están desviando los productos adquiridos? ¿Y cuáles los están acaparando o sacando del país?
  • ¿No podríamos saber cuáles empresas están recibiendo dólares pero no los están usando para importar lo prometido?
  • ¿No podríamos determinar en cuáles puertos y aduanas está ocurriendo corrupción? 
  • ¿No podríamos detectar muy fácilmente cuáles funcionarios del Estado están incursos en corrupción, y poder ponerlos tras las rejas depurando nuestro proceso y ganándonos la confianza de la gente?
  • ¿No podríamos, al final, acabar con la guerra económica o, por lo menos, darle un duro golpe a quienes la protagonizan?
En definitiva, no debemos hacer que el "Big Pueblo mate a la Big Data", como decía una etiqueta promocionada recientemente en redes sociales. Lo que debemos hacer, es aprender cómo funcionan tanto Big Data como cualquier otro algoritmo o metodología para el análisis de datos, y usarlos en la resolución de nuestros problemas.

Tampoco estamos animando a la gente a abandonar a las redes sociales, sino a tener cuidado en cómo la utilizan, lo que chatean, a quién le escriben.

Los políticos y militares de un país objetivo del Imperio, como el nuestro, deberían buscar formas de restringirlas o prohibir su uso en aquellos ambientes donde se maneje información confidencial, o con aquellas personas cuya vida pueda ser objetivo potencial. No está nada bien que ministros y altos funcionarios usen grupos de Whatsapp para comunicarse, o que prácticamente todo el Estado use Gmail como correo para enviarse archivos y documentos. Y es posible construir alternativas: Es relativamente sencillo crear nuestros propios servicios de mensajería instantánea y correo electrónico, manejados por venezolanos.

Igualmente, los medios del Estado deberían cuidarse de hacer una promoción tan positiva y excesiva de estas empresas de redes sociales. Total, esas empresas no son nuestros amigos. Nosotros estamos en las redes sociales no porque sean chéveres, sino porque queremos llegar a la gente que está allí.

Nunca olvidaré cuando algún periodista me criticó una vez porque, en un programa de radio, dando la dirección de un lugar, mencioné un restaurant muy conocido como punto de referencia: me regañaron por el asunto, diciendo que eso no se debe hacer, porque es publicidad indirecta. Pero luego comenzaron a leer todas las redes sociales de la emisora, haciendo mención por enésima vez en el día a las empresas Twitter y Facebook. ¿Cómo llegamos al punto de considerarnos revolucionarios, creer que es correcto mencionar 50 veces al día a empresas que venden nuestros datos personales a la CIA, pero considerar un pecado mortal decir que tal lugar está frente al Restaurante El Pepino?

En televisión es peor: Si contásemos cuántas veces al día mostramos los logos de Twitter, Facebook e Instagram en televisoras del gobierno bolivariano y lo comparamos con la cantidad de veces que mostramos los logos de VIT, Vtelca, Los Andes, Industrias Diana o cualquier otra empresa mixta o comuna productiva, veremos una discrepancia enorme.

Imagen de un comercial de Tves que se pasa en estos momentos en casi todos los bloques, y hace excesiva publicidad a redes como Facebook, Instagram y Twitter.
No estoy diciendo que dejemos de promocionar nuestras cuentas en redes sociales, pero uno ve hasta en medios capitalistas estadounidenses que ellos promocionan sus cuentas de formas discretas, sin copiar los colores, logos ni simbologías de las empresas de redes sociales, y muchas veces sin ni siquiera mencionarlas. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerle tanta promoción a esas empresas, como si fueran nuestros socios y aliados en la construcción del socialismo?

En conclusión: las redes sociales son un campo minado dentro de nuestra lucha comunicacional. Y las minas son colocadas por el mayor Imperio que ha existido en el planeta. Si vamos a decirle a nuestros militantes y compañeros que anden por ese campo minado, alertemos también de los peligros y demos los instrumentos necesarios para  no pisar las minas. Y, de ser posible, aprendamos cómo funcionan esas minas con el fin de desactivarlas y poder ganar esta batalla.

5 de marzo de 2017

Estuvimos a punto de perder todas las páginas web venezolanas por una deuda


¿Sabía usted que las y los venezolanos estuvimos a punto de perder todas las páginas web cuya dirección termine en .com.ve, .gob.ve, .net.ve, .org,ve, .edu.ve, .info.ve y similares (incluyendo las de entes del Estado, instituciones públicas, empresas privadas, universidades, etc.) por una deuda en dólares que el país tenía con un ente a nivel latinoamericano encargado de la gestión de recursos de Internet, llamado Lacnic?

Este tema, que tal vez sólo haya sido motivo de preocupación para unas pocas personas en todo el país, nos hubiera afectado negativamente a los 30 millones de venezolanos y venezolanas si dicha deuda no se hubiera cancelado.

Lacnic (siglas en inglés para "Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe") es una organización no gubernamental internacional establecida en Uruguay en 2002, responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6), Números Autónomos y Resolución Inversa, entre otros recursos para la región de América Latina y el Caribe.

Es uno de los 5 Registros Regionales de Internet en el mundo, junto a Apnic (Asia), Arin (América anglosajona), Ripe (Europa) y Afrinic (África).

Todos los países del mundo deben pagar anualmente una tarifa en dólares a su Registro Regional por el uso de direcciones IP, dominios y subdominios. Es una tontería relativamente baja, pero hay que cancelarla o sino, las direcciones de páginas web que terminen en .ve y similares, así como las que usen las direcciones IP asignadas a Venezuela, simplemente dejarán de funcionar.

Estamos hablando de que perderíamos (hasta pagar la deuda) el acceso a las páginas web de todos los ministerios, instituciones públicas como el Seniat, el IVSS y Saime, el Banco del Tesoro, el Banco Central de Venezuela, medios de comunicación como Correo del Orinoco, VTV, RNV, La Radio del Sur, YVKE Mundial, AVN; las misiones, universidades como la UCV, ULA, LUZ, Unearte o UBV, miles de empresas privadas, etcétera. Ello sin importar que estos entes estén al día con sus pagos respectivos a su hosting o a su proveedor de dominios.

Aún cuando los entes encargados de gestionar esta deuda (CNTI, Ministerio de Ciencia y Tecnología, etc.) habían hecho los trámites correspondientes para que se realizara el pago desdehace varios años atrás, algún ente más arriba de ellos (el BCV u otro, no estamos totalmente seguros) no había hecho el desembolso correspondiente en divisas, y numerosos camaradas tuvieron que escribir cartas, correos, tuits, comunicados, hacer reuniones y suplicar prórrogas (incluso hicieron todos los contactos con la directiva de LACNIC, explicando la situación y pidiendo prórrogas) porque esta era una situación de mucha gravedad, y parecía que a nadie en esas jerarquías le importaba mucho.

Finalmente, el pasado 3 de marzo, Lacnic emitió un comunicado indicando que recibieron el pago y que sus procedimientos para "revocar el acceso a estos recursos" ha sido suspendido.

De hecho, aún prevalece una deuda de un año, pero Lacnic no cortará aún el servicio por esa deuda.

Reitero que no es una deuda por conexión a Internet, sino cobros por el uso de direcciones IP y de direcciones de dominios y subdominios, entre otros. Todos los países del mundo deben hacer pagos similares al Registro Regional correspondiente para mantener estas infraestructuras; si los países no pagan, se les aplican estas sanciones.

Es muy importante mantener estas infraestructuras para que Internet siga funcionando. No es que Lacnic sea "golpista" o "imperialista", ni que sea "un bloqueo contra Venezuela" (acción que muy seguramente sí está ocurriendo en otros espacios). Son acciones lógicas de parte de una entidad que debe mantener una plataforma costosísima para que numerosos países tengamos direcciones Internet propias.

Si hay algo que reclamar es al funcionario dentro de alguna institución pública que, bien sea por desconocimiento, incompetencia o con intencionalidad, decidió que ese pago no debía hacerse.

Un aplauso a los panas de las instituciones públicas que le echaron un camión evitando que ocurriera esta situación, y una súplica para que esto no vuelva a repetirse.

20 de febrero de 2017

¿Se volvió loco el PCV al no participar en la renovación de los partidos?

Con sorpresa, hemos leído en diferentes medios de comunicación la negativa del Partido Comunista de Venezuela (PCV) de participar en el proceso de renovación de militantes y partidos políticos que iniciará elConsejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos días, proceso necesario para que los partidos de alcance nacional que obtuvieron menos de uno por ciento de votos en las últimas dos elecciones (o que no hayan participado en ellas) puedan ser reinscritos como partidos políticos.


Este proceso deberá ser hecho tanto por partidos aliados al chavismo, como el PCV, Tupamaros, Redes, PPT o Podemos, como por partidos opositores, entre ellos Voluntad Popular, Primero Justicia, Copei o Acción Democrática. Los únicos que están excluidos son el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y el partido MUD (Mesa de Unidad Democrática), por haber obtenido los votos suficientes en las últimas elecciones, ello según informó el CNE.

Entre los partidos pro-chavistas, la mayoría ha señalado que participará en el proceso de renovación, si bien manifestando una serie de críticas al mismo. PCV, por su parte, ha señalado que no participará.

¿Malcriadez? ¿Se creen mejores que los demás? ¿Se volvieron derechistas? ¿Por qué simplemente no llaman a todos sus amigos, a militantes de partidos aliados como el PSUV y a las cientos de miles de personas que siempre han votado por el PCV para firmar por él y lograr su reinscripción?

Según explican en los medios, ellos ven el registro como una forma de delatar a su militancia.

No soy militante del PCV, aunque muchas veces he votado por el partido. Por ello, pregunté a un camarada del PCV experto en estos temas legales para que me explique qué es lo que pasa. Él prefiere no dar su nombre, debido a que no es el designado por el Partido Comunista para hablar sobre estos temas.

Me explicó que el tema era largo y complicado, que requería conocer un poco la historia del Partido y la de nuestro país, el contexto en el que se redactó la Ley de Partidos Políticos vigente, y las dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia sobre este tema en 2016.

Contexto histórico de la Ley de Partidos Políticos


Una de las cosas que me explicó, son las características de la Ley de Partidos Políticos vigente en la actualidad. Este es una ley discutida y aprobada en 1964, y publicada en Gaceta Oficial en abril de 1965, durante la presidencia de Raúl Leoni y tras cinco años de gobierno de Rómulo Betancourt, cuando se hacía necesario buscar la forma de ilegalizar a los partidos políticos de izquierda y de tener un registro de sus miembros.

Si bien la ley fue reformada en 2010, la reforma sólo tocó algunos temas tangenciales, y no afectó el espíritu de la ley, algo que me reconoce este camarada que fue un error tremendo de parte de nuestros diputados revolucionarios que hacían vida en ese momento en el Parlamento.

Es muy importante entender qué ocurría en Venezuela en 1964 y 1965, cuando fue redactada esta ley, para entender sus motivaciones. Sobre esto, prefiero recomendar el artículo de Javier Biardeau “¿Nos olvidamos del contexto histórico de la ley de partidos de 1965?”, que, si bien es un poco largo, describe acuciosamente su contexto histórico.

Biardeau, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explica cómo “las presiones de EE.UU y de los sectores más reaccionarios representados por la iglesia, la burguesía y sectores militares de derecha” realizaron una dura campaña para lograr la prohibición del Partido Comunista, un reflejo de campañas realizadas en otros países en el marco de la Guerra Fría, de los temores ante la victoria de la Revolución Cubana en 1959 y de las persecuciones macartistas que destrozó tantas carreras y vidas en Estados Unidos en los años 50.

El senador estadounidense Joseph McCarthy y su persecución a artistas y cineastas
de quienes sospechaba ser comunistas.
“Desde el principio de 1958, estos sectores desarrollaron toda una campaña anticomunista orientada a crear terror en la población y a justificar la solicitud de pedir la ilegalización del PCV, además de perseguir a todos aquellos dirigentes de la junta patriótica, y cuadros políticos tanto de URD como de AD, que habían trazado una política de unidad de acción en la lucha clandestina contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, sin contar con la figura del exilio”, explica Biardeau.


Recuerda el propósito anticomunista del Pacto de Nueva York y del Pacto de Punto Fijo, firmados en 1958 por los dirigentes de los principales partidos de aquel entonces. Explica que el 14 de febrero de 1962, Betancourt hace pública una línea política en la que señala que los comunistas pueden ser ilegalizados”. Los talleres de Tribuna Popular (el periódico del PCV) y de otros medios de izquierda son allanados en muchas ocasiones y los dirigentes comunistas son arrestados una y otra vez con una gran cantidad de excusas.

En 1962, tras las insurrecciones del Carupanazo y el Porteñazo, se suspende el funcionamiento del PCV y el MIR y cientos de militantes son arrestados y juzgados. Ese año también ocurrió la masacre del Liceo Sanz en Maturín, en la que agentes de la Digepol y militantes de AD y Copei asesinaron a dos miembros de la Juventud Comunista.


Para 1963, la mayor parte de la dirección del PCV y del MIR, incluyendo cientos de militantes, habían sido detenidos. Se arrestó ilegalmente a congresistas del PCV que tenían inmunidad parlamentaria, acusándolos de colaborar con “los desastrosos hechos del asalto al Tren de El Encanto”, en los que fallecieron cinco guardias nacionales y el PCV se había deslindado.

Ese año, la Corte Suprema de Justicia ratifica la decisión de Betancourt de proscribir ambos partidos. Además, comienza a generalizarse la figura del desaparecido entre finales de 1963 y comienzo de 1964, en los teatros de operaciones antiguerrilleros.

El gobierno y los medios de comunicación criminalizaban al Partido Comunista y a la guerrilla. Los comunistas tenían muy poco acceso a los medios para explicar y justificar sus acciones, el gobierno cerraba sus periódicos y los pocos medios que se atrevían a darles participación eran allanados. De allí que el anticomunismo caló entre una parte de la población, que brindó un amplio respaldo a las elecciones de 1963 a pesar del llamado de la izquierda a la abstención. Allí ganó Raúl Leoni, de Acción Democrática, quien asumió en marzo de 1964.

En octubre de 1964, miembros de la JCV realizan la “Operación Van Troi”, en la que secuestran en Caracas al teniente coronel Michael Smolen, segundo jefe de la Misión Militar de los EEUU y agente de inteligencia militar de la CIA, y pedían a cambio la liberación, en el otro lado del mundo, del vietnamita Nguyen Van Troi, miembro del Vietcong quien iba a ser fusilado en Vietnam del Sur por planear un atentado contra el Secretario de Defensa estadounidense. Esta acción recrudeció aún más las acciones del gobierno venezolano contra el PCV, fue usada mediáticamente en su contra, y hace aumentar el debate dentro de la izquierda sobre la validez de la lucha armada para llegar al poder.
Michael Smolen
En medio de todas estas conmociones es que se discute en 1964 la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones públicas. Explica Biardeau que la ley señala, en su exposición de motivos, tener como objetivo fundamental “normalizar” la vida política del país a través de “la regulación de las organizaciones políticas”, de modo que “existía una intencionalidad cuya axiología no era abstracta, sino que remitía a las tensiones ideológico-políticas del momento histórico”.

En opinión del diputado de FDP Ramón Echegaray, la ley estaba “dirigida a la identificación y persecución de potenciales opositores y disidentes”. De hecho, Echegaray señaló que tal Ley “tiene una finalidad eminentemente macartista y casi va dirigida a impedir la existencia legal de las agrupaciones de tipo marxistas en el país”.

Por esas razones, Biardeau critica que en la reforma de 2010, todos los artículos fundamentales de esta ley hayan quedado intactos y no hayan sido adaptados al espíritu del Constituyente de 1999.

La mencionada ley, en su artículo 10, especifica lo siguiente:

Los partidos regionales se constituirán mediante su inscripción en el registro que al efecto llevará el Consejo Supremo Electoral. Las solicitudes de inscripción deberán ir acompañadas de los siguientes recaudos:

1. Nómina de los integrantes del partido en número no inferior de 0,5 % de la población inscrita en el registro electoral de la respectiva Entidad. La nómina especificará sus nombres y apellidos, edad, domicilio y Cédula de Identidad 
2. Manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él (...)

Si bien esta es una norma para los partidos regionales, el artículo 16 indica cuales son los requisitos para los partidos políticos nacionales, entre ellos la constancia “de que el partido ha sido constituido en doce por lo menos de la Entidades Regionales, conforme a las normas de la presente Ley”.

Igualmente, el artículo 25 de la Ley agrega que “los partidos políticos nacionales renovaran, en el curso del año en que comience cada período constitucional su nomina de inscritos en el porcentaje del 0,5% en la forma señalada en esta Ley para su constitución”, a menos que hubieran obtenido “en las elecciones nacionales correspondientes el 1% de los votos emitidos” (nota: en la ley original de 1965, este es el artículo 26).

En otras palabras, el registrar y renovar un partido político implica suministrar al menos una parte de la lista de miembros del partido, incluyendo nombres y apellidos, edad, domicilio y cédula de identidad, así como una manifestación de voluntad de que uno es miembro de ese partido.

Mi amigo del PCV me cuenta: “esto equivale a delatar a una gran parte de nuestros militantes”, y es algo a lo que el PCV siempre se opuso.

Más que un registro, esta ley de 1964-65 buscaba intimidar a los miembros de estos partidos, descritos como subversivos y peligrosos, e impedir su legalización. Si eras un miembro del PCV, en una época de represión, allanamientos, arrestos injustificados, torturas, desapariciones y asesinatos, sencilla y llanamente no te ibas a registrar, lo que iba a impedir que el PCV recuperase su legalidad.

Firmar en apoyo a un partido no es lo mismo que ser miembro del Partido


Muchos dirán: “¿Pero por qué se enrollan tanto? Es una firmita y ya”. Hoy, en nuestros días de libertad política, son muchos los que gustosamente quisieran ir a firmar apoyando al PCV. Yo mismo le dije a mi amigo que iría gustoso a firmar en apoyo al PCV si ellos nos convocaban, y que estoy seguro de que cientos o miles de personas del PSUV y otros partidos aliados también irían a firmar.

Pero una cosa es ir a firmar en apoyo a un partido, y otra cosa es ir a firmar indicando que eres miembro o militante de ese partido, que es lo que exige la Ley de 1964-65. Hay una gran diferencia entre lo que se hacía recogiendo firmas en apoyo a los partidos (como se hizo en 2011, la última vez que se hizo una renovación) y el propósito original de la Ley de 1964-65, que exigía una manifestación de voluntad de que eres miembro de ese partido.

Qué implica ser miembro del PCV


Hay que entender que el PCV funciona de forma diferente a los demás partidos políticos. El Partido Comunista es un partido de cuadros, a diferencia del PSUV, que es un partido de masas. No basta con una firma para ser miembro del Partido Comunista; tienes que pasar por un proceso de varios meses de duración, hasta ser aprobado por el Partido. Tienes que ser parte de una escuela de cuadros, en la que pasas meses aprendiendo sobre el materialismo histórico, la lucha de clases como propulsora de cambios a lo largo de la historia de la Humanidad, el pensamiento de Marx, Engels, Lenin y otros luchadores revolucionarios.


Debes comprometerte con el marxismo-leninismo como ideología revolucionaria; debes tener una ética intachable; debes entender que un miembro del Partido es parte de su estructura y tiene que acatar sus líneas y su disciplina interna. Tienes que ser admitido y aprobado por el Partido. Ser miembro del Partido Comunista es algo muy serio.

Por ende, el mismo Partido Comunista no estaría de acuerdo conque cualquiera vaya a un puesto colocado por el Consejo Nacional Electoral, diga “yo soy del PCV” y firme. Eso significa que será el CNE el que decidirá quienes son los miembros del Partido Comunista y quienes no lo son, quitándole esa atribución al propio partido.

Yo sé que en los partidos de masas, como el PSUV, es distinto. De vez en cuando abren las inscripciones, y basta con ir y firmar en un toldo rojo para que el partido te considere parte de él. Nadie discute la importancia de los partidos de masas en un proceso como el nuestro. Pero hay que entender que el PCV funciona de forma distinta, y no podemos generalizar ni creer que todos los partidos deben funcionar como el PSUV.

Qué pasó en 2016


Mi amigo del PCV me cuenta que este problema causado por las sentencias de 2016 viene ocurriendo desde junio de 2015, cuando el abogado César Burguera Villegas introduce ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación del artículo 67 de la Constitución, relativo a los partidos políticos. y de los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos.


La Sala Constitucional responde el 5 de enero de 2016 con la Sentencia N°1, que prohíbe la doble militancia, un termino que no es mencionado en la Ley de Partidos Políticos, ni en la Constitución ni en ningún otros instrumento legal, me explica mi amigo.

La sentencia dice en parte que:

“Disponer de la identidad personal de un militante, simpatizante o integrante de un partido político, que suscribió una manifestación de voluntad exclusiva de pertenecer al mismo, constituye no solo una flagrante violación al derecho a la intimidad de ese ciudadano (artículos 28 y 60 de la Constitución), sino un abuso de confianza, de una transgresión ética a las reglas de funcionamiento democrático e institucional de un país, y a un verdadero fraude electoral. Esto se conoce como la doble militancia, que se puede convertir en una ilegal práctica de muchos partidos políticos, que se constituyen a la sombra de la legalidad, utilizando la identidad de militantes de otras organizaciones con fines políticos, sin la debida legitimación y cumplimiento de procedimiento alguno. No se puede pertenecer, legalmente, a dos partidos políticos a la vez, y su ocurrencia debilita la democracia, su transparencia y su integridad electoral.
“La prohibición de la doble militancia no es más que la respuesta a la necesidad de fortalecer a los partidos políticos y a la promoción de la ética, respeto y disciplina en los mismos. Esta prohibición desde el punto de vista de los militantes como partidarios de una determinada organización, significa que no pueden aparecer en la nómina de dos partidos, pues ello indefectiblemente genera la afectación de nulidad por ilegitimidad de una de las dos organizaciones, al poner en duda no sólo el hecho de la debida autorización o manifestación de voluntad de esos electores, la cual es requisito sine qua non para su existencia, sino el que realmente cuente con el porcentaje requerido para la conservación del partido que impone el encabezado del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
“La data de los electores inscritos de un partido político debe estar a la orden del órgano rector electoral para evitar que la identidad de esos ciudadanos sea vulnerada y manipulada por alguna organización política, con el fin de agregarse como nómina de otro partido político, pues ello supondría una violación a la manifestación de voluntad del ciudadano/a de pertenecer al partido político de su preferencia, y su uso inadecuado, doloso y sin la autorización del elector inscrito en el partido político constituye un verdadero fraude a la ley”.

Nótese que, según la sentencia, el partido debe poner a la orden del CNE la data de todos sus electores inscritos. Mi amigo me explica que esto lo consideran algo muy delicado; consideran que están obligándolos a delatar a todos sus miembros. Por razones de seguridad, no hay una sola persona en el PCV que tenga la lista de todos sus militantes. Éstas se mantienen fraccionadas entre sus distintos burós regionales, con diferentes medidas de seguridad, y esto es así por las persecuciones que han sufrido los partidos marxistas-leninistas en todo el mundo.

Temen que, si mañana surge un nuevo gobierno de derecha en Venezuela, lo tendrá muy fácil para conseguir esta data y perseguir a todos los miembros del PCV. O, ni siquiera eso: todavía son frecuentes en nuestro país los casos en los que empresas privadas persiguen y despiden a trabajadores que formen parte del PCV. Si esta data llegara a filtrarse, les facilitaría la discriminación.

Una vez emitida la sentencia del TSJ en enero de 2016, el CNE emitió una normativa en la Gaceta Electoral N° 801 de fecha 04 de abril de 2016, que reglamentaba las renovaciones de partidos políticos.

Los partidos aliados al gobierno venezolano se declararon en alerta y rechazaron la sentencia del TSJ y la nueva normativa. El 17 de mayo de 2016, los partidos PPT, Tupamaro, UPV, IPCN, MEP, CRV, NCR, PRT, REDES, Alianza Para el Cambio y PCV introdujeron una solicitud de aclaratoria ante la Sala Constitucional.

La Sala respondió con una nueva sentencia en octubre de 2016 ratificando la sentencia anterior y respondiendo también a una solicitud de aclaratoria del CNE, indicándoles que “debe verificar biométricamente (con captahuellas) las nóminas que acompañen las solicitudes de renovación o inscripción en curso o que se presentaren de los partidos políticos”. En la primera sentencia, de enero de 2016, sólo se ordenaba “implementar mecanismos de seguridad (electrónica e informática)” para verificar la nómina de inscritos en cada partido, pero no se ordenaba el uso de mecanismos biométricos.

Esta nueva sentencia también establece que “el partido político que no cumpla con el proceso de renovación de su inscripción ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún proceso electoral sea éste interno de carácter municipal, estadal y nacional”. Si bien el partido no queda “ilegalizado” en el sentido de que será perseguido, el hecho es que el PCV ya no podrá funcionar más como un partido político, sino que queda reducido a una especie de club de panas marxistas-leninistas aficionados al dominó.

Ahora bien, ¿está bien interpretada en esa sentencia de 2016, las intenciones que tenían quienes redactaron la Ley de Partidos Políticos en 1964-65?

¿La Ley de Partidos de 1964 estaba en contra de la doble militancia?


Si bien la Ley de Partidos Políticos original exigía el registro de los miembros de un partido, dudamos mucho que el objetivo de esta acción fuese “la promoción de la ética, respeto y disciplina” dentro de los partidos políticos, como asegura la sentencia del TSJ de enero de 2016. Su principal finalidad, allá en 1964, era el registro de todos los electores de un partido como forma de presión y de intimidación.

Si eras miembro de un partido descrito como insurgente y peligroso (ejemplo: el PCV), simplemente no te inscribías, y esto hacía que al PCV le fuera imposible recuperar su legalidad.

Dudo mucho que al Consejo Supremo Electoral de los años sesenta le interesara verificar si cada firma que respaldaba a un partido no estuviera repetida en los listados de los demás partidos (doble militancia), y es que, en esa época, el CSE no tenía ningún mecanismo tecnológico para verificar la doble militancia. No habían computadores como los que tenemos hoy, y los que existían estaban fuera del alcance del Consejo Supremo Electoral y de nuestro país.

En 1961, un computador IBM de segunda generación tenía un costo de entre 7 millones y 13 millones de dólares, y sólo podía hacer unas cientos de operaciones por segundo. Los primeros computadores de tercera generación, como el IBM S/360, empezaron a surgir en 1964, costando más de 300 mil dólares. Por su precio y su novedad estaban fuera del alcance de nuestro país.


El Consejo Supremo Electoral venezolano no tenía un computador IBM 7030 como este,
que costaba al menos 7 millones de dólares en 1961 y hubiera sido necesario para hacer
una rápida verificación de doble militancia.
En otras palabras, cualquier verificación y comprobación que debiera hacer el ente electoral, tenía que hacerse de forma manual. En las elecciones de 1963 había 3.369.968 votantes inscritos. ¿Cómo haríamos una verificación de doble militancia en aquellos días?

Si llega el Partido Equis con un listado de 500 mil personas, y tenemos que verificar que ninguna de ellas esté inscrita en los otros partidos, hubiéramos tenido que buscar manualmente, nombre por nombre, en las nóminas de los otros partidos nacionales. ¿Se imaginan cuánto tiempo se tardarían en verificarlas?

En los años sesenta, la forma más “fácil” de hacer la verificación habría sido creando un expediente por cada elector, es decir: habría que guardar en algún lado 3.369.000 fichas o carpetas con el nombre y datos de cada elector, incluyendo su manifiesto de voluntad de que pertenece a determinado partido político. La verificación de la doble militancia involucraría un esfuerzo titánico, que tardaría años en realizarse y requeriría de cientos o tal vez miles de empleados públicos trabajando continuamente.

Algo que nunca se hizo porque el propósito de la Ley de Partidos Políticos, y del gobierno de aquel entonces, no era verificar la doble militancia. Su propósito era buscar que partidos “peligrosos”, como el PCV, siguieran en la ilegalidad.

Dudo mucho que quienes crearon la Ley de Partidos Políticos en 1964 la hayan redactado pensando que algún día el CNE tendría computadoras, bases de datos, sistemas de verificación biométrica, captahuellas y demás herramientas tecnológicas necesarias para este tipo de verificaciones, con las que contamos hoy.

Con el paso del tiempo, se perdió este carácter en la ley, y la renovación de partidos políticos se convirtió en una formalidad un tanto fastidiosa; de allí que el CSE se volvió menos estricto en su cumplimiento. Bastaba con entregar planillas llenas de firmas.

Mi amigo del PCV me cuenta que, en los años setenta y ochenta, con el paso del tiempo y al bajar las tensiones, las renovaciones en los partidos se flexibilizaron. Partidos de izquierda como la Liga Socialista o el MEP iban de casa en casa buscando firmas, y era normal que mi propio amigo y muchos otros militantes del PCV, también firmaran en apoyo a partidos de izquierda como esos, ello a pesar de que el Partido Comunista, al igual que todo partido marxista-leninista del mundo, prohíbe la doble militancia. Pero el firmar en apoyo a otros partidos de izquierda no era visto como traicionar la militancia, sino como darles tu apoyo para que se reinscribieran.

Lo normal era que los partidos recogieran las firmas y se las entregaran al Consejo Supremo Electoral. Y ellos no veían problemas en eso. “Uno firmaba apoyándolos, luego ellos iban con esas listas de apoyo al CSE (Consejo Supremo Electoral)” y renovaban la inscripción del partido, me cuenta mi amigo.

Los partidos de derecha también hacía algo parecido. La rectora del CNE Tania D'Amelio contaba que era normal que varios partidos acudieran a una plaza y pidieran a un mismo grupo de personas que firmaran en apoyo a todos los partidos presentes. Una misma persona podía aparecer firmando en 4 ó 5 planillas. Y el asunto es ese: todo el mundo veía el acto de firmar como un acto de apoyo a un partido, no como una “manifestación de voluntad de que eres miembro del partido”, como lo señala el artículo 10 de la Ley de Partidos aún vigente.

Sin embargo, las decisiones del TSJ emitidas en enero y octubre de 2016 y la nueva normativa del CNE de abril de ese año cambian todo, pues lo que hacen es reforzar la Ley de 1964-65, señalando que lo que se está haciendo es un registro de miembros y no una recolección de firmas en apoyo. La nueva sentencia, además, prohíbe expresamente la doble militancia y exige tomar medidas a nivel informático y biométrico para asegurar que cada quien sea quien dice ser. Además, la recolección ya deja de ser potestad de los partidos políticos para ser realizada directamente por el CNE.

No es que esté mal comprobar las identidades y penalizar la doble militancia. Lo malo es el cambio de reglas, pues de un mero procedimiento de recolección de firmas hecho por los mismos partidos de casa en casa, ahora estamos pasando a un procedimiento legal, burocrático y formal realizado por el CNE, que requiere que cada partido lleve a sus miembros a un punto determinado, un fin de semana específico, para que pongan sus firmas, huellas y especifiquen su dirección completa.

Esto se hace sin hacer primero una consulta amplia entre los diferentes partidos políticos, algunos de ellos (como el PCV) con una larga trayectoria en nuestra historia, y con mecanismos de admisión de militantes muy distintos a los demás partidos.

¿Busca el gobierno ilegalizar los partidos? ¿Se busca que el chavismo tenga un partido único?


Hay muchas teorías y conjeturas sobre estas acciones. Hay quienes creen que esto es una acción para dejar en el chavismo un partido único, y anular los demás. Mi propia experiencia me hace creer que esto se trata de un problema de comunicación entre personas aliadas, que deberían conversar con mucha frecuencia pero no lo hacen por razones que desconozco; tal vez por orgullo o creer que se la saben todas.

En lo personal, me he topado muchas veces en el gobierno a personas que llegaron a determinado cargo, al sentirse apoyados e inmunes, se niegan a escuchar a los demás. Creen que se la saben todas, toman decisiones que afectan a miles de personas sin conocer o tomar en cuenta sus necesidades, carecen de humildad, de empatía, de comprender que no todos tienen la misma posición. Y, cuando la gente se molesta y protesta contra ellos, los descalifican llamándolos contrarrevolucionarios, ultrosos o infiltrados.

Sería supremamente estúpido que dentro del gobierno estuvieran jugando en estos momentos a crear descontento confrontaciones en el chavismo, a causar molestias y heridas dentro del proceso.

Total: la revolución aún no sale de la dura derrota que sufrimos el 6 de diciembre de 2015. Se avecinan elecciones de gobernadores y alcaldes, y en 2018 vendrán las presidenciales. Los problemas que hemos vivido producto de la guerra económica pronostican que, a pesar de los fuertes esfuerzos del gobierno para solventar la crisis y proteger a los más indefensos, es muy probable que suframos un nuevo revés electoral en las elecciones regionales.

Yo creo que sería muy insensato de parte del chavismo el alejar a sus aliados, y en particular a aquellos que siempre han sido incondicionales con nuestra lucha. El PCV es un partido que, en las elecciones presidenciales de 2013, acaparó 1,89 por ciento de los votos, una cifra nada despreciable, considerando que esas elecciones se ganaron con 1,49 por ciento de diferencia con respecto a la oposición. En 2012 el PCV obtuvo 3,24 por ciento y en 2006 tuvo 2,9 por ciento de apoyo; otros partidos políticos aliados como Podemos y el PPT llegaron a tener 6,53 y 5,13 por ciento, respectivamente.

Todas estas cifras son superiores al 1 por ciento exigido por la Ley de Partidos Políticos. Habrá quien diga que eso es relativamente poco, pero en las circunstancias actuales que vivimos lo importante es sumar, no restar.
Hugo Chávez y Oscar Figuera, secretario general del PCV
El creer que todos los partidos tienen que funcionar de la misma manera, y negarse a buscar una solución para un problema que afecta a un partido revolucionario fundado en 1931, que tiene un carácter histórico y que no fue el causante de este conflicto, sin duda que no es fácil. No tiene sentido causar estas peleas sólo por querer interpretar al pie de la letra una ley escrita en 1964 por nuestros enemigos políticos; ley cuyo espíritu es contrario a la Constitución Bolivariana de 1999, y que estaba hecha no para defender la democracia, sino para violar los derechos políticos de quienes luchaban por un mundo distinto. El solucionar este problema requiere que alguien reconozca que se equivocó, en un ambiente donde se supone que se escoge a los mejores juristas del país para evitar que haya este tipo de errores.

Sea cual sea la causa, esperemos que el problema se corrija.

Que todos tengan la capacidad de sentarse en una mesa, escucharse, comprenderse; que se busque una solución a un problema tan delicado, y se finalice una confrontación que, en este momento de nuestra historia, no debería estar sucediendo.



17 de febrero de 2017

¡Prohibir todo! ¡Es la hora!


Luego de que el gobierno de Venezuela ordenó el bloqueo de la serie de televisión El Comandante, en la que se presenta una versión muy distorsionada de la vida del líder revolucionario Hugo Chávez; y luego de que ordenase bloquear la señal de CNN en Español tras publicar una investigación de pobre calidad, llamada "Pasaportes en la sombra", en la que se afirmaba que el gobierno de Venezuela vende pasaportes a terroristas islámicos para causar un inminente atentado en los Estados Unidos, hemos notado un patrón muy curioso:
  1. Tras bloquearse El Comandante, la reacción de sus creadores fue poner sus capítulos gratis en Youtube, con una eficiencia envidiable y una gran cantidad de copias “por si acaso”. Es inédito que la transnacional Sony, creadora de esta costosísima serie, permita su publicación en Youtube cuando normalmente es la primera en perseguir a quienquiera que suba sus contenidos en este sitio, en particular si son de estreno.
  2. Tras ordenarse el bloqueo de CNN en Español, la reacción de la transnacional fue poner su señal gratis en Youtube, para que todos puedan tener acceso a ella.
Visto este extraño comportamiento y esta generosidad inusual por parte de las grandes transnacionales, que de pronto han aprendido a compartir y a ofrecer gratuitamente contenidos por los que antes nos cobraban una barbaridad de forma directa o indirecta, queremos hacer un llamado urgente y desesperado ya no al presidente Nicolás Maduro, sino a todos los gobiernos del mundo:

¡Por favor, prohíban todo!

Por años, mucha gente a menudo desinteresada ha dedicado incontables horas de su tiempo personal a compartir en las redes todo tipo de material científico, cultural y de entretenimiento: películas, canciones, discos, libros, poemas, series, novelas, programas de televisión, noticias, papers científicos, código fuente, conocimiento, cultura, etc.

Y la reacción de la industria ha sido criminalizarlos, insultarlos, perseguirlos y arrestarlos. Nos llaman “piratas”, ordenan el cierre de páginas web y el bloqueo de canales de Youtube. Nos hacen pagar impuestos y canones asumiendo que todos somos criminales. Ordenan modificar las leyes de derechos de autor para favorecerlos a ellos (a menudo con convenios multilaterales como los fallecidos ALCA o TPP, pero también con tratados de libre comercio vigentes, que se discuten en secreto y se imponen sobre las leyes de sus respectivos países). Constantemente hacen lobby ante gobiernos y sobornan políticos para extender la protección que las leyes les dan, aumentar las penas contra los infractores y evitar que Mickey Mouse caiga en el dominio público.

Incluso han tratado de imponer penas de prisión aún mayores que las que se imponen a terroristas y asesinos, como los 70 años de prisión que enfrentaba el joven Aaron Swartz por querer compartir millones de papers científicos, o las que se quieren imponer a Julian Assange, Edward Snowden o las que se querían imponer a Chelsea Manning por querer dar a conocer información de sus propios gobiernos que debería ser pública.

Sin embargo, esta actitud de las transnacionales del entretenimiento, de querer compartir y liberar contenidos que el gobierno venezolano está bloqueando, ¡de verdad que nos sorprende!

¿Será que, de pronto, las transnacionales se volvieron generosas y amigables? De pronto ya no les duele el bolsillo. El dinero ya no es lo primero. Ahora se están poniendo “del lado del pueblo”. La empresa sí tiene corazón, después de todo.

Su gigantesco escuadrón de abogados, que pasa el día buscando contenidos en Youtube para ordenar su bloqueo, ahora se dedicará a causas más nobles, como defender a los latinos que están siendo expulsados de Estados Unidos luego de pasar años trabajando allí por menos del salario mínimo.

Los bufetes que demandaban a quienes comparten películas por BitTorrent ahora se dedicarán a defender a las personas amenazadas por los bancos de quedarse sin hogar, o a los palestinos cuyas casas son derribadas en los territorios ocupados por Israel.

Y los legalistas europeos que antes redactaban gigantescos contratos para arrebatarle las investigaciones a científicos e inventores latinoamericanos y hacerlas propiedad de journals y transnacionales europeas, ahora se dedicarán a defender a las mujeres amenazadas por la violencia, a los campesinos obligados a usar herbicidas cancerígenos, y a los niños y ancianos que necesitan medicinas genéricas que los laboratorios farmacéuticos les niegan.

Por ende, ante esta inusitada ola de generosidad de parte de los empresarios del mundo, queremos solicitarle a todos los gobiernos:  

¡Por favor, prohíban todo!

Prohíban todas las películas de superhéroes: The Avengers, Xmen, los de Marvel y Star Wars; La Liga de la Justicia, Batman, Súperman y Flash. Prohíban todas sus series de televisión: Los Simpsons, South Park, Big Bang Theory y Futurama. Prohíban todos los contenidos de HBO y Netflix, comenzando por Game of Thrones, Breaking Bad y Stranger Things. Prohiban todas las películas de zombies y vampiros. ¡Ya es hora!

Prohibamos también la música y los libros. Las revistas y los papers científicos.

Estamos seguros de que, al día siguiente de prohibirlos, las altruistas transnacionales capitalistas las subirán a Youtube, para que todos las disfrutemos. Veremos a Warner, Fox y Universal compartiendo todas sus películas y series desinteresadamente en Internet. Las grandes disqueras harán lo propio con la música, y las editoriales con los libros.

Total, esa es su forma de alienarnos, de hacer que dejemos de querer lo nuestro, de volvernos amantes y defensores de sus productos. De que hablemos y nos vistamos como ellos. De abrirle las puertas a la invasión cultural. De tener en cada carnaval, más niños disfrazados de Capitán América que de cualquier héroe latinoamericano.

¿Tenemos, además, que pagarles por ello?

Al día siguiente de que hayamos prohibido todo, Google se rebelará contra nosotros. Y hará lo que nuestros gobiernos no pudieron hacer: compartirán en Internet todo nuestro acervo científico y cultural, nuestros libros, canciones, tradiciones, nuestra historia, nuestra ciencia y nuestra cultura, que ellos han estado digitalizando eficiente y silenciosamente por los últimos 15 años, sin querer compartirlo con nadie. Sí, todas las fotos y grabaciones de las tradiciones más representativas de nuestros pueblos, que a veces son tan difíciles de conseguir en Internet o hasta en nuestras propias bibliotecas, ellos lo tienen y ellos mismos lo publicarán. ¡Sólo se necesita que lo prohibamos!

Ya no tendremos que aprender qué es eso de un “Torrent” o cómo descargar los subtítulos de una serie, porque todo estará en Internet. Los científicos no tendrán que pagar 50 dólares por el acceso a un paper en una journal alemana, porque ellas mismas habrán puesto todo su contenido gratis en Internet.

Hemos pasado tantos años hablando mal de las corporaciones y las transnacionales... ¡Qué bueno que descubrimos que tienen un gran corazón y una enorme generosidad! ¡Gracias, amigos!

Bien, ya dejando las ironías a un lado: ¿No será que las transnacionales y corporaciones sólo reaccionan de esta manera contra aquellos gobiernos y países que ponen primero los intereses de su gente, por encima de los intereses políticos y económicos de los empresarios?

¿No será que, en vez de discutir si “Maduro es un dictador que censura medios”, más bien deberíamos discutir e investigar qué es lo que pasa en Venezuela, para que haya tantos medios de comunicación, políticos y empresarios hablando mal constantemente de su gobierno, de su pueblo y de sus decisiones, gastando millones en series como El Comandante o en investigaciones como "Pasaportes en la sombra", siempre intentando ridiculizarnos y humillar nuestros valores?

Nunca confiemos en las “buenas intenciones” de estas grandes transnacionales. Si en alguna ocasión pareciera que ellas nos están apoyando o están haciendo cosas buenas por nosotros, es sólo porque nos necesitan para lograr sus objetivos. ¡No nos dejemos utilizar por ellos!