19 de febrero de 2013

Ley de Infogobierno

(Artículo publicado en el periódico CiudadCCS el 19 de febrero de 2013)

En 2006 algunos diputados conocieron el software libre
El que no exista un marco legal que marque las pautas para el uso de las tecnologías de información dentro del Estado, es algo que nos cuesta mucho dinero, retrasa nuestro desarrollo, pone en peligro la seguridad informática y socava nuestra soberanía. A veces pasa que, mientras un ministerio usa un eficiente software libre para su gestión administrativa, otro ministerio en el edificio del frente prefiere comprar un costosísimo software para la misma función, que tal vez sea de “marca reconocida” pero al tener su código cerrado, impide que el Estado sepa como funciona, que le pueda hacer modificaciones o que lo pueda compartir con otros entes públicos o con el Poder Popular. Peor aún: al no poder revisarse su código fuente, nadie puede asegurar que no es usado para espiarnos o sabotearnos. En el mejor de los casos, habrá que pagar una licencia todos los años o sino dejará de funcionar.

Hay resoluciones e incluso decretos presidenciales sobre la materia, pero al no contar con un marco sancionatorio, muchos funcionarios los ignoran. Se requiere entonces una ley que marque pauta.

Desde 2004, miembros de la comunidad de software libre han propuesto diferentes proyectos para la “Ley de Infogobierno”. Pero las empresas transnacionales del software, interesadas en que los jugosos contratos que mantienen con el Estado nunca sean interrumpidos, han saboteado las discusiones convenciendo a diputados -incluso revolucionarios- de eliminar principios fundamentales en el proyecto.

Llega 2013, y esta vez diferentes diputados del PSUV llevan adelante un proyecto presentado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para convertir en realidad esta ley. El proyecto puede ser revisado en http://bit.ly/infogob. Bajo el subtítulo “Principio de Conocimiento Libre”, el artículo 35 del proyecto señala: “El desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información por el Poder Público tiene como base el conocimiento libre. En las actuaciones que realice el Poder Público haciendo uso de las tecnologías de información, sólo empleará programas informáticos basados en software libre y estándares abiertos, para garantizar al Poder Público el control sobre las tecnologías de información empleadas y el acceso a las ciudadanas y los ciudadanos a los servicios prestados”.

El proyecto exige que se permita la contraloría social, propone la Industria Nacional de Tecnologías Libres como forma de promover la investigación, y multa con hasta 250 unidades tributarias a los funcionarios que lo incumplan.

La semana que viene, probablemente el martes 26 de febrero, habrá una jornada pública entre los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología y colectivos de la comunidad de Software Libre. Instamos a estar pendiente de Aporrea para conocer la fecha y lugar del evento.
Publicar un comentario