Jugándose la soberanía del país en la Ley de Tecnologías de Información

Las mesas de redacción de la Ley de Tecnologías de Información han continuado todos estos días, con una lentitud mucho menor a la programada.

Como se recordará, las mesas de redacción se iniciaron el pasado 24 de abril en el Palacio Federal Legislativo, con la dirección del diputado Luis Tascón y su asistente legal, Juan Carlos Valdez; la presencia de Gerardo Pagés, consultor jurídico del CNTI y redactor de la ley, y representantes de muchos ministerios y entes públicos. Además, están presentes representantes de Cavedatos y Cavecom-e en representación del sector privado. Y, además, la única empresa privada presente allí, invitada con nombre y apellido: Microsoft de Venezuela, con un representante que ha estado más bien callado, con muy pocas intervenciones pero tomando muchas anotaciones. Además, hay representantes de la UCV, la UCAB, la UNESR y otras universidades.

El cronograma original implicaba que las discusiones terminaran ayer, pero sólo se han discutido 48 de los 89 artículos, y ya se nos informó que las discusiones continuarán hasta que se haya discutido el último de la ley.

La soberanía en juego

Han ocurrido muchas cosas interesantes en estos días, entre ellas un punto de inflexión ocurrido el miércoles, cuando Socorro Hernández, directora de AIT de PDVSA, se hizo presente en persona en la Asamblea Nacional en representación de dicho ente del Estado, para dar sus opiniones sobre la ley.

Como saben, AIT es el departamento de Automatización, Informática y Telecomunicaciones, que sustituyó a INTESA una vez terminó el paro petrolero y se reconstituyó la industria. Si alguien sabe y puede hablar con autoridad sobre el valor de la soberanía tecnológica es justamente ese departamento, cuyos empleados tuvieron que sufrir en carne propia los estragos de tener que depender de INTESA, empresa parcialmente poseída por otra empresa extranjera, SAIC, donde algunos de sus dueños eran ex-directivos de la CIA. De INTESA dependían todos los servicios informáticos fundamentales de la industria, y su apego al paro petrolero fue un obstáculo gravísimo para reactivar a PDVSA.

Algo de lo que tampoco se habla mucho es de que las empresas miembros de Cavecom-e, que han estado tan activamente defendiendo sus intereses en las mesas de la Ley, también se apegaron al paro petrolero de 2002 y le negaron a PDVSA servicios claves necesarios para mantener y reactivar la industria. Hoy, dichas empresas están reclamando la participación de su software privativo en el Estado venezolano "como si nada", tratando de inyectarnos una sobredosis de amnesia para hacernos creer que nada de eso sucedió, y que la soberanía del país no está en juego. Casualmente uno de los argumentos de alguien que apoya el software privativo fue: "Debe haber soberanía sólo hasta donde sea posible", a lo cual Ricardo Fernández, del MED, le respondió: "La Soberanía es algo que se tiene o no se tiene".

Justamente la presencia de Socorro Hernández ocurrió el día miércoles, cuando se iban a discutir los artículos 35 y 36 relativos a la soberanía tecnológica. Me cuentan que Hernández tuvo palabras bastante firmes relativas a que, mientras ella obedecía un decreto presidencial que obligaba a la industria más grande del país a migrar a Software Libre, tal parecía que algunas personas estaban "guabineando", empeñadas en quitar esas palabras del proyecto de ley, o restringirlo lo más posible.

Se mostró en desacuerdo con la redacción inicial de los artículos 35 y 36, y pidió que fuera PDVSA la encargada de proponer una redacción para dichos artículos. Su petición fue aceptada por Tascón, formándose una mesa aparte en PDVSA este jueves, con la participación de representantes de todas las ideologías. Dicha mesa se realizó desde alrededor de las cinco de la tarde, y terminaron la redacción a las once de la noche.

Por parte de la Comunidad de Software Libre estuvieron el abogado Carlos Reyes y Ricardo Strusberg, director del ISEIT, Ricardo Fernández por el MED, un abogado de apellido Araque por la UCAB (quien defiende con argumentos muy inteligentes la causa del Software Propietario), el prof. MacQuahe de la UCV, Juan Carlos Valdez (asistente de Luis Tascón), Gerardo Pagés (consultor jurídico del CNTI) y Socorro Hernández y otras personas de PDVSA. Estuvieron otras personas, pero no alcanzamos a anotar sus nombres.

La discusión fue muy fuerte pero se lograron victorias contundentes. No sólo se colocó al Software Libre sino al Conocimiento Libre en los artículos 35 y 36, y se les redefinió de una forma que coloca a la soberanía venezolana en primer lugar, estableciéndose los mejores términos para el Software Libre.

Hubo momentos en los que la discusión se tornó muy fuerte, incluso con ataques contra SOLVE y contra toda la comunidad, pero, según se me contó, nuestros compañeros manejaron argumentos excelentes y se defendieron muy bien. Prueba de eso es que algunas personas presentes allí, quienes tenían una actitud de centro o en pro del software privativo, cambiaron radicalmente su posición al conocer mejor las definiciones de Conocimiento Libre como algo que engloba al Software Libre. Tanto así que hubo una "conversión en la mesa" de alguien que estaba a favor del software privativo pero, al conocer las implicancias del conocimiento libre, cambió radicalmente su posición. Se logró además que otras personas que estaban completamente cerradas al Software Libre ahora tuvieran mayor receptividad.

Quienes mantuvieron una actitud contraria fueron los primeros en irse, un tanto molestos. Lamentamos que haya sido así y que no se quieran incorporar a un debate para lograr una ley que favorezca por sobre todos los intereses del país y de nuestra soberanía, y no los intereses de un puñado de trasnanacionales interesadas únicamente en sus propios bolsillos.

Las discusiones continuaron paralelamente en el Parlamento

Ingenuamente creímos que la discusión en PDVSA tardaría una o dos horas y que luego Ricardo Strusberg podría integrarse a la Asamblea Nacional, pero no fue así pues en PDVSA terminaron alrededor de las 11 de la noche. Ernesto Hernández-Novich se quedó sólo en el parlamento en representación de SOLVE. Y lamentablemente el tema del Plan Nacional de Tecnologías de Información no era uno de sus fuertes, por lo que la participación de SOLVE en el Capítulo V y en el título III fue un tanto silente. Tal vez eso fue lo que permitió que avanzaran tan rápido, ya que por primera vez se discutieron diez artículos en un sólo día.

Hoy viernes quieren avanzar bastante, por lo que la discusión fue convocada a las 3 de la tarde. Comenzarán con el controversial CONATI. Se espera un debate muy interesante. Y tal parece que se transmiten algunos fragmentos por ANTV.

Les dejo algunos otros detallitos discutidos en estos días. El autor es otra persona que prefiere reservar su identidad.

• Por sugerencia de Solve, en el artículo 31 se incluyó la frase “mediante estándares abiertos”, es decir, la integración de sistemas es posible en tanto se utilicen estándares abiertos. Igualmente, por sugerencia de Solve, se pidió incorporar un Parágrafo Único redactado en los siguientes términos: “Para la integración de los sistemas, los órganos y entes del Poder Público constituirán comisiones de trabajo a los efectos de revisar y rediseñar aquellos procesos o trámites que impliquen la participación de varios órganos y entes para su eficaz ejecución, bajo la coordinación de la CONATI”.
  
  
• En relación al artículo 34, Solve propuso su eliminación, por dos razones fundamentales: 1.- No es conveniente, ni pertinente, llegar a este nivel de detalle en una Ley y 2.- El listado propuesto genera confusiones en cuanto a su interpretación, por ejemplo: se indica la organización de los sistemas de “Finanzas Públicas”, “Tributario” y de “Presupuesto Público”, separadamente. Sería pertinente preguntarse cómo se está concibiendo o conceptualizando el “Sistema de Finanzas Públicas” para que se visualicen a los sistemas “Tributario” y de “Presupuesto” como algo separado o distinto del mismo. Igualmente, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público establece muy claramente en su artículo 3, que los Sistemas de “Presupuesto”, “Crédito Público”, “Tesorería” y “Contabilidad”, además de los sistemas “Tributario” y de “Administración de Bienes”, conforman la “Administración Financiera del Sector Público”.
  
  No obstante, el Diputado Tascón señaló la importancia de que en la Ley se mencionen los sistemas que prioritariamente debe desarrollar el Estado. Se acordó trasladar este artículo al apartado de “Disposiciones Transitorias” modificando su contenido para incluir la palabra “prioritarios”, además de colocarle un plazo de tiempo a los órganos y entes del Poder Público para el desarrollo de tales sistemas. Este artículo se retomará cuando se discutan las Disposiciones Transitorias.
  
  
• La discusión del Capítulo III “De la Soberanía Tecnológica” generó polémica entre los asistentes. En tal sentido, la Lic. Socorro Hernández, Director Gerente de AIT PDVSA, manifestó estar en desacuerdo con el contenido propuesto para el artículo 35, el cual versa sobre los fundamentos orientados a garantizar la soberanía tecnológica, ofreciéndose para redactar una propuesta diferente.
  
  Entre los miembros de Solve inicialmente acordamos:
  
  
  1. Que la soberanía tecnológica implica necesariamente la libre generación y difusión de conocimiento. En este orden de ideas, para nadie es un secreto que las grandes Corporaciones se han “enquistado” en los principales centros de innovación y desarrollo del mundo, financiando e interviniendo directamente en sus operaciones, lo cual les ha otorgado un poder inmenso influyendo deliberadamente en la fijación de las agendas de investigación y manipulando los resultados de las mismas, “privatizando” en parte el conocimiento que anteriormente era público.
     
     
  2. En este artículo deberá quedar claramente establecido que el Estado utilizará preferentemente software libre, ya que el mismo da respuesta a la necesidad de ser soberanos tecnológicamente.
     
     
  3. Proponer la eliminación, o una redacción muy diferente para el artículo 36, ya que se faculta al órgano rector para “indicar otros fundamentos necesarios para asegurar la soberanía en tecnologías de información”, con lo cual se deja abierta una “puerta” para que a futuro se incluyan aspectos que no fueron debatidos y acordados con todas las partes interesadas.
     
     
  
  
• En cuanto al Capítulo sobre la Seguridad de los Sistemas y las Redes y del Riesgo Tecnológico, se modificó significativamente el contenido del artículo 37, ya que se decidió incluir al Consejo de Defensa de la Nación -CODENA- como la instancia que determinará las políticas en materia de seguridad, mientras que el órgano rector conjuntamente con la CONATI, se encargarán de establecer las normas y estándares técnicos que serán aplicables.
  
  Esto causó una disputa entre el CNTI, que insiste en que la rectoría debía estar en el MCT según dos leyes orgánicas, a lo cual el diputado Capella le recordó que por sobre las dos leyes orgánicas estaba la Constitución, la cual señala muy claramente que el Consejo de Defensa de la Nación es la máxima instancia en materia de seguridad y defensa de la nación.
  
  
• En este mismo Capítulo surgió una polémica en relación al uso del término “redes”, ya que uno de los asistentes señaló que las “redes de telecomunicaciones” están bajo el ámbito de competencia de CONATEL de acuerdo al contenido de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. No obstante, se consideró que para evitar un posible conflicto de competencias, se debía precisar el significado y alcance del término “redes”, para lo cual el Diputado Tascón propuso el término “redes informáticas”
  
  
• Por otra parte, en cuanto al artículo 38, se sustituyó la palabra “contenidos” por “portales” en el numeral 3, se unificaron los numerales 6 y 7 y por sugerencia de Solve se incluyó el siguiente párrafo en el artículo: “Crear un Centro de Alerta Temprana, adscrito al CODENA, con la cooperación de los organismos especificados en el artículo 37 de esta Ley, para dar cumplimiento a los numerales 1,5 y 6 del presente artículo”. La propuesta se aceptó, más el Diputado Tascón cuestionó y propuso eliminar la adscripción del Centro al CODENA.