26 de octubre de 2005

Los medios de comunicación quieren estar siempre sobre la ley

En Venezuela, el ente tributario nacional (Seniat) cierra cotidianamente, en cada operativo, de 20 a 30 empresas por diferentes causas, como irregularidades en los libros de compra y venta (comprar o vender mercancía sin registrarla en los libros contables para evitar tener que pagar el IVA correspondiente). El cierre es temporal y generalmente no pasa de 72 horas. Sin embargo, nunca una de estas empresas sale quejándose de estar en una dictadura.

Tenemos el caso del diario larense El Impulso, cerrado por 24 horas por irregularidades administrativas. El cierre es calificado como una violación a la libertad de expresión por los dueños del diario. ¿Por qué las empresas de medios tienen ese privilegio que no tienen las demás, de calificar cualquier acción que se tome contra ellas como una violación a un derecho humano?

Por otro lado, la empresa del estado Pdvsa Gas fue multada hoy por el Seniat por 500 mil millones de bolívares y fue cerrada por dos días, por graves irregularidades en sus libros de contabilidad y facturación. Eso demuestra que no sólo se cierra a las empresas "enemigas del gobierno", como afirma la oposición.

La planilla número 10 y el cuarto poder

Aquí mucha gente ha olvidado algo: El 2 de febrero de 2003 la oposición realizó el llamado "Firmazo" para tratar de quitarse el amargo sabor de boca del fracaso del paro. Miles de opositores firmaron unas diez planillas con diferentes solicitudes apara tratar de salir del presidente Chávez.

Pocos recuerdan el contenido de la planilla número 10, pero a mí realmente me enardeció. Dicha planilla proponía una enmienda a la Constitución que, entre otras cosas, declaraba que "será delito toda acción tendente a suspender o clausurar el libre funcionamiento de los medios de comunicación social." En otras palabras, de apoyarse aquella enmienda, un medio de comunicación social podría instalar un laboratorio de procesamiento de cocaína en su sótano sin temos alguno a ser penado por la ley. Peor aún, cualquier intento de cerrar o suspender dicho medio por tener el laboratorio de cocaína sería considerada un delito.

Los medios se hubieran convertido en una especie de ente todopoderoso, que podría hacer todo lo que quisiera y jamás sería tocado. ¿Qué tal?
Publicar un comentario